PAMPLONA, 10 (EUROPA PRESS)

La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha asegurado que la futura ley de Arquitectura y Calidad del Entorno Construido contribuirá a "incrementar el bienestar y la calidad de vida de las personas" y promoverá "el desarrollo sostenible de ciudades y pueblos".

Así lo ha señalado la ministra durante la clausura del VI Congreso Internacional 'La Ciudad que Queremos' que se ha celebrado en Pamplona bajo la organización de la Fundación Arquitectura y Sociedad con la que colabora el ministerio.

En su intervención, Raquel Sánchez ha defendido que "cualquier proyecto arquitectónico debe desenvolverse en una escala humana y abordar las preocupaciones de sus habitantes, como el acceso a la vivienda, la emergencia climática, la salud, la sostenibilidad, la cohesión social y la igualdad".

Tal y como ha afirmado, este es el espíritu de la futura ley que llevará al Consejo de Ministros en los próximos meses y que entiende la calidad arquitectónica como "un bien de interés general para aumentar el bienestar de los ciudadanos". El objetivo actual, según ha incidido la ministra, es "dejar ciudades más saludables y habitables a las nuevas generaciones".

Sánchez ha reivindicado la implantación de la Agenda Urbana Española para "impulsar ciudades que atiendan las necesidades básicas de sus habitantes y contribuyan a su realización personal, así como ciudades justas y solidarias que combatan la pobreza y la marginalidad, y que respiren igualdad de género".

Como ha incidido, la Agenda Urbana Española "también promueve ciudades verdes adaptadas al cambio climático y energéticamente eficientes, comprometidas con una movilidad sostenible y con la accesibilidad universal, y económicamente dinámicas sin fracturas sociales".

La ministra ha destacado que España cuenta con "uno de los porcentajes más altos de población urbana de la Unión Europea, ya que el 80% de los españoles se concentran en el 20% del territorio, mientras que en muchas provincias existe un problema de despoblación".

Así, la responsable de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha recalcado que existe "un secuestro de las ciudades por parte del vehículo privado, altas emisiones de gases de efecto invernadero, elevados consumos energéticos y una ineficiente gestión de los residuos".

En este contexto, ha defendido "la necesidad de redefinir el papel de las ciudades y de un nuevo contrato social que fomente la cohesión, impulse una movilidad vertebrada y sostenible, regenere espacios públicos y garantice el derecho a una vivienda digna y asequible". Todo ello, según ha apostillado, es lo que "buscará la Ley de Vivienda que se está ultimando".

En su opinión, la arquitectura "colabora activamente en el diseño de nuevo modelo urbano con las personas y el medio ambiente en el centro de sus actuaciones". Al respecto, ha apuntado que es "el momento de que la arquitectura interiorice la perspectiva de género, que entienda que la ciudad pertenece a todos, también a las mujeres, a los niños y a las personas mayores".

Según ha subrayado, "las nuevas ciudades deben estar descentralizadas y ser policéntricas con servicios esenciales accesibles para todos". Para la responsable del Ministerio, las ciudades "deben contar con un espacio público para los peatones y los ciclistas, y con un transporte público eficiente, respetuoso con el medio ambiente y que facilite a las personas compatibilizar el trabajo remunerado con las responsabilidades de cuidado y de mantenimiento de sus hogares, entre otras cuestiones".

Además, ha afirmado que se debe "regenerar lo construido y rellenar los espacios vacíos que las ciudades han ido dejando". En este contexto, Sánchez se ha referido a uno de los proyectos del Gobierno de Navarra para transformar dos naves de los años 70 y sin uso en un centro nacional de innovación tecnológica para la industrialización y la robótica en el ámbito de la construcción.

Según ha indicado, se espera poder financiar esta iniciativa con los fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), que destina cerca de 7.000 millones de euros para programas de rehabilitación energética e integral de viviendas y barrios.