También está desarrollando un proyecto de entornos protectores en los recursos residenciales

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)

La consejera de Familia, Juventud y Política Social de la Comunidad de Madrid, Concepción Dancausa, ha anunciado este jueves que llevará a la Asamblea de Madrid antes de julio una nueva Ley de Infancia y la próxima puesta en marcha de un plan de choque para impulsar el acogimiento familiar como mejor alternativa para el desarrollo personal y social de los menores tutelados.

En la actualidad hay 3.714 menores con medidas de protección, de los cuales 2.263 (el 60,1%) están en acogimiento familiar y los otros 1.451 (el 39,9%) residen en centros.

La Comunidad quiere seguir elevando este porcentaje de acogimiento con medidas como la transformación de las ayudas que reciben actualmente las familias acogedoras en un derecho subjetivo que les asegure estas prestaciones de manera directa, sin tener que solicitarlas anualmente, y "duplicando" la dotación económica de las mismas.

Dentro de este plan se inscribe también el lanzamiento de una campaña de captación de familias acogedoras. Así, en la recién aprobada Estrategia de Protección a la Maternidad y Paternidad y de Fomento de la Natalidad y la Conciliación 2022-2026, se incluyen dos medidas específicas a este respecto.

Por un lado, un programa de apoyo a las familias acogedoras, con el que la Comunidad garantizará que perciban las ayudas económicas que les corresponden con cuantías de hasta 15.500 euros. También se reforzarán los recursos y otros programas de apoyo dirigidas a ellas, ha detallado Dancausa durante su comparecencia esta tarde en la Asamblea.

Por otro lado, entre las nuevas medidas con carácter fiscal, se equiparará a los menores acogidos en régimen de acogimiento familiar con los hijos y la línea recta descendente del causante/donante a efectos de la aplicación de la bonificación del 99 por ciento de la cuota del impuesto de sucesiones y donaciones aplicable en la Comunidad de Madrid a las herencias y donaciones de padres a hijos y demás descendientes.

AUDITORÍA SOBRE EL SISTEMA DE PROTECCIÓN

El titular regional de Familia ha avanzado también que van a realizar una auditoría sobre el sistema de protección de menores de la región y pondrá en marcha un plan de choque con el objetivo de impulsar el acogimiento familiar frente al residencial en centros.

"He solicitado a la Consejería que realice una auditoría funcional para auditar la gestión y los procedimientos de la dirección de menores, examen crítico, sistemático e imparcial de los procesos de gestión para evaluar para el funcionamiento del servicio", ha indicado.

La titular regional de Juventud también ha manifestado que han colaborado en todo momento con las autoridades policiales y judiciales; siempre que detectamos que un menor está siendo víctima de un delito lo denunciamos de inmediato.

"La Comunidad de Madrid ha hecho su trabajo, que es proteger a los menores en el interior de nuestros centros", ha subrayado la consejera al final de su comparecencia para dar cuenta de la colaboración de su departamento en la investigación policial de la denominada Operación Sana, que ha desarticulado un grupo dedicado a la explotación sexual de menores, algunas de ellas tuteladas por la Comunidad.

En este sentido, Dancausa ha explicado que su departamento ya ha solicitado a la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda la realización de una auditoría funcional para analizar la gestión y los procedimientos del sistema de protección de menores, un ejercicio de transparencia que evaluará de manera crítica, sistemática e imparcial la eficacia de las actuaciones y la calidad de la gestión con el objetivo de identificar aspectos que puedan ser mejorados.

PROTOCOLOS ESPECÍFICOS EN LOS CENTROS

Dancausa también ha adelantado que el Gobierno regional está tramitando la nueva Ley regional de Protección y Garantías de la Infancia con el objetivo de que llegue a la Asamblea en el primer semestre del año.

Entre otros aspectos, la nueva norma dedicará un capítulo específico a la protección integral de la infancia y la adolescencia frente a la violencia, definirá las garantías, necesidades y singularidades que presenta el tratamiento de menores protegidos con problemas de conducta y actualizará y agilizará los procedimientos administrativos para la declaración de la situación de riesgo o desamparo de niños y niñas.

La norma, ha continuado, también incluirá las modificaciones introducidas por la Ley estatal de Protección a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia, aprobada el pasado mes de junio, especialmente en lo referido a la elaboración de protocolos específicos de prevención, detección precoz e intervención ante abusos y explotación sexual para los centros de protección.

La consejera ha recordado que la Comunidad, junto al resto de autonomías, está trabajando en la definición de los criterios comunes que deberán incluir estos protocolos en el seno de la Conferencia Sectorial creada al efecto el pasado mes de septiembre.

NUEVO CONTRATO CON EL CENTRO PICÓN DE JARAMA

Por otra parte, el Consejo de Gobierno ha autorizado esta misma semana la licitación del nuevo contrato de gestión del único centro de la región específico para menores con trastornos de conducta graves, el de Picón de Jarama, que va a incrementar su presupuesto un 22,5% y tendrá un importe de 15,3 millones para los próximos cuatro años.

Esta subida permitirá aumentar el número de profesionales de este recurso altamente especializado, en el que el precio de la plaza por día pasará de los actuales 160 euros a 190, ha explicado la consejera. En el nuevo contrato, ha dicho la consejera, el criterio de calidad ha primado un 51 por ciento y el de precio un 49.

Este centro será también el primero en el que se desarrollará el proyecto de entornos protectores, en el que la Comunidad trabaja desde hace un año con representantes de entidades sociales y que busca generar entornos seguros y de buen trato en todos los espacios donde conviven niños y adolescentes. Esperan ponerlo en marcha a finales de este año.

Este proyecto parte del Modelo de Sistema de Protección Interna desarrollado por el Instituto de Innovación, Desarrollo e Impacto Social, que va a permitir construir un modelo propio de la Comunidad de Madrid a la hora de facilitar la transformación de estos espacios.

A esto se suma la herramienta técnica en la que está trabajando el Gobierno regional denominada 'Instrumento Valora', para ayudar a los servicios sociales, fundamentalmente los municipales, a mejorar la calidad de la intervención con los menores en situación de riesgo y sus familias.