29.01.2023 |
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Llop se reunirá con Lesmes y la cúpula del Supremo para ver como evitar su colapso por el bloqueo del CGPJ

El anuncio del ministerio llega después de que el lunes el TS advirtiera de la situación límite de alguna de sus salas
Llop se reunirá con Lesmes y la cúpula del Supremo para ver como evitar su colapso por el bloqueo del CGPJ

El anuncio del ministerio llega después de que el lunes el TS advirtiera de la situación límite de alguna de sus salas

MADRID, 2 (EUROPA PRESS)

La ministra de Justicia, Pilar Llop, mantendrá en las próximas semanas una reunión con el presidente del Tribunal Supremo (TS) y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, que tendrá por objetivo la implementación de medidas en el Alto Tribunal que combatan las consecuencias derivadas del bloqueo en la renovación del órgano de gobierno de los jueces, que impide realizar nombramientos discrecionales.

En una nota del ministerio, recogida por Europa Press, se apunta que a ese "encuentro" --aun sin fecha-- asistirá además el equipo de la ministra y los miembros de la Sala de Gobierno del Supremo, en la que están todos los presidentes de Sala.

Asimismo, se apunta que el departamento de Llop prorroga durante 2022 las medidas extraordinarias aprobadas en 2021 para paliar los efectos ocasionados en el funcionamiento del TS con motivo del bloqueo de la renovación del CGPJ, que, recuerdan, lleva más de tres años en funciones, "lo que ocasiona un retraso de más de 1.000 sentencias al año".

Al hilo, desde el ministerio señalan que en septiembre de 2021 se acordó conceder autorización económica para las medidas de refuerzo solicitadas por el Gabinete Técnico del Tribunal Supremo. En total, se hizo una dotación extraordinaria de 12 letrados -uno de ellos coordinador- en comisión de servicio con relevación de funciones para las áreas civiles, penal, contencioso-administrativa y social del Gabinete Técnico hasta diciembre de 2021.

Ahora, y ante el escaso tiempo transcurrido para comprobar la efectividad de estos refuerzos, Llop prorroga durante 2022 esta dotación de 12 letrados, que supone un presupuesto anual de cerca de 700.000 euros, algo que, aseguran, supone la mayor dotación de recursos impulsados por el Ministerio de Justicia hasta el momento.

Explican además que este plan de choque se suma a otras medidas impulsadas por el gabinete de Llop, como son la reforma del recurso de casación civil, la mejora de la digitalización de las salas del Alto Tribunal o la digitalización de la jurisdicción militar, en línea con el Ministerio de Defensa.

LA "SITUACIÓN LÍMITE" DEL SUPREMO

Este anuncio del Gobierno llega dos días después de que la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo (TS) aprobara la propuesta del presidente de la Sala Tercera --de lo Contencioso-Administrativo--, César Tolosa, para reorganizar sus secciones ante las vacantes existentes por la imposibilidad del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de hacer nombramientos discrecionales estando en funciones.

En una nota emitida por el TS, recogida por Europa Press, se explicaba que la Sala de Gobierno había constatado "la situación límite" de esa Sala Tercera, que a partir de abril afrontará las jubilaciones de los magistrados Rafael Fernández Valverde y Segundo Menéndez. Esto provocará que sólo cuente con 25 magistrados, incluyendo a Tolosa, lo que supone el mínimo legal para constituir las cinco secciones que componen la Sala --cada una debe tener un mínimo de cinco magistrados--.

La propuesta de Tolosa pasa por reforzar las dos secciones que tras las jubilaciones quedarán con sólo cuatro miembros, la Segunda y la Quinta. Así, transfieren un magistrado a cada una desde las salas que cuentan con seis (la Tercera y la Cuarta).

Por otro lado, y con el objetivo de "mitigar la extraordinaria carga de trabajo que ha comenzado a detectarse en la Sala", la Sala de Gobierno, presidida por Lesmes, acordó proponer una reforma legislativa del recurso de casación contencioso-administrativo para dar una respuesta más rápida y eficaz a esa litigiosidad masiva, así como medidas específicas y temporales para afrontar esa situación.

RECURSOS DERIVADOS DE LA PANDEMIA

En esa entrada de recursos destacan los que reclaman responsabilidad patrimonial del Estado derivada de las medidas para hacer frente a la pandemia, de los que ya se han planteado decenas en los últimos días y que el tribunal prevé que puedan alcanzar varios miles en las próximas fechas.

Esa reforma legislativa, que se elevará al Ministerio de Justicia a través del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), propone modificar el artículo 64 de la Ley 29/1998, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, para que los juzgados o tribunales puedan suspender causas que presentan identidad jurídica sustancial con recursos pendientes de casación ante el Supremo, y hasta que el alto tribunal se pronuncie al respecto.

REFUERZO ANTE LA AVALANCHA

Para afrontar litigios relativos a la pandemia, se solicitará desde el Supremo al Ministerio de Justicia que se dote una nueva Secretaría, con un letrado de la Administración de Justicia y el personal funcionario adecuado, así como la dotación de al menos tres plazas de letrados coordinadores en el Gabinete Técnico del tribunal para ser provistas por magistrados del orden jurisdiccional contencioso-administrativo.

Asimismo, se propone un plan específico para la Sección Cuarta ya que, al margen de las reclamaciones patrimoniales por medidas Covid, acumula 348 asuntos repetitivos en tres clases de recursos: reclamación de retribuciones por parte de funcionarios docentes de la Comunidad de Madrid (211), reclamación por reconocimiento de la condición de personal estatutario no fijo (72) y reconocimiento de la carrera horizontal de interinos en servicio de salud de Castilla-La Mancha (65). En la próxima reunión de la Sala de Gobierno se valorará la situación general del tribunal y en concreto de las restantes salas.

EL INFORME DE OCTUBRE DE 2021

Ya en octubre del año pasado, la Sala de Gobierno del TS aprobó un informe del Gabinete Técnico en el que se avisaba de que el hecho de no cubrir las vacantes actuales implicaría que al año se realicen 1.000 sentencias menos. Además, apuntaban a que se incrementarán los retrasos en los tiempos de respuesta.

Advierte así de la situación a la que tendrán que enfrentarse las diferentes salas en el caso de que se prolongue la imposibilidad legal de cubrir las vacantes de magistrados asociada a la interinidad del CGPJ --más de 1.100 días caducado--. El informe recalcaba que de prolongarse en el tiempo esta situación, se convertirá en "insostenible" e implicará que se dicten "aproximadamente 1.000 sentencias menos al año entre todas las salas, con alargamiento de los tiempos de respuesta en las cuestiones de fondo y se retrasarán enormemente las decisiones de inadmisión que son numerosísimas y se cuentan por varias decenas de miles al año".

Llop se reunirá con Lesmes y la cúpula del Supremo para ver como evitar su colapso por el bloqueo del CGPJ
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