Los letrados de la Administración Justicia y los directores de las oficinas judiciales irán a la huelga el próximo miércoles, 26 de enero, para reclamar una negociación colectiva propia y una adecuación salarial.

La huelga ha sido convocada por la Unión Progresista de Letrados de la Administración de Justicia (UPSJ), con la adhesión de la Asociación Independiente de Letrados de la Administración de Justicia (AINLAJ), y apoyada en las distintas asambleas celebradas a nivel nacional.

Los motivos de la huelga, según explican desde representantes de este colectivo en Cantabria, son su rechazo a la "justicia low cost" y su demanda de "un servicio público de calidad", que, defienden, "necesita profesionales adecuadamente retribuidos y considerados".

Entre sus reivindicaciones destacan la reclamación de un de una negociación colectiva propia, que actualmente no tienen al no estar sus organizaciones incluidas en las mesas de negociación de las cuestiones fundamentales que les afectan profesionalmente y que "se están discutiendo por los sindicatos generalistas", que considera que "no defienden" sus intereses.

Critican, además, que esta circunstancia "se utiliza esta situación injusta para sacar ventajas en favor" de los representados de esos sindicatos, en "detrimento" de los intereses de estos profesionales.

"Nuestro carácter directivo y las funciones singulares justifican que tengamos un marco de negociación colectiva propio. Pero además, con el cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia se produce una circunstancia excepcional que no se da en ningún otro grupo de la administración pública que es que dependemos del Ministerio de Justicia, como cuerpo nacional, mientras que el resto de la oficina que dirigimos pueden depender de las comunidades autónomas, sin competencia sobre los letrados", añaden.

También lamentan que "la gran reforma de la Administración de Justicia que se llevó a cabo en el año 2009 se apoyó en los Letrados de la Administración de Justicia para agilizar y modernizar el funcionamiento de las oficinas judiciales trasladando muchas de las competencias que antes eran de los jueces a los letrados", sin que diez años después se les haya adecuado su salario a esas nuevas funciones.

"La Ley de Presupuestos Generales del Estado 2021 obligó al Ministerio de Justicia a negociar la adecuación salarial. Sin embargo, el Ministerio no ha atendido esa orden parlamentaria, lo que nos obliga a ir a la huelga", concluyen. EFE

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