El juez ha encargado diligencias a la Policía Nacional tras recibir una querella del fundador de la compañía

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)

El Juzgado de Instrucción número 10 de Sevilla ha admitido a trámite una querella presentada por el fundador de Cervezas Gran Vía, Pedro Cánovas, contra miembros del Consejo de Administración de la compañía por un presunto delito de estafa y uno de revelación de secretos.

En un auto de 10 de junio, al que ha tenido acceso Europa Press, el juez ha librado oficio a la Policía Nacional para que investigue si las personas contra las que se presenta la querella "accedieron y se apropiaron del contenido del buzón de correo electrónico creado por Pedro Cánovas bajo la denominación [email protected]" y "si fueron violentados los ordenadores y el resto de dispositivos electrónicos de uso privado" del fundador de la empresa.

Cánovas presentó querella el pasado abril contra quienes componen el Consejo de Administración de la sociedad Cervezas Gran Vía S.L; contra quienes subscribieron en su propio nombre o en el de sociedades de su entorno el Pacto de Socios de la empresa; contra quienes ostenta la mayoría del capital social de la entidad; y contra otras cuatro mercantiles.

El Consejo de Administración de Cervezas Gran Vía está integrado entre otros, por Francisco Riberas López, presidente ejecutivo de Gestamp; sus hijas Patricia Riberas López y Mónica Riberas López; Mariano Miguel Velasco, ex presidente de Colonial; Javier Suárez Zapata, accionista de Fe Seguros; Alberto Rodríguez-Fraile Díaz, presidente de Asesores y Gestores Financieros (A&G); Richard Egues Wassum y Ultano Kindelan Everett.

En su escrito, el empresario alegó que el grupo de inversores que posteriormente pasó a formar parte del Consejo de Administración le convenció para que "fuera cediendo cada vez una mayor cuota del capital social de la que era su empresa bajo la engañosa promesa explicitada en el Pacto de Socios de que ellos entrarían como meros socios capitalistas o financiadores y que lo mantendrían como líder" del proyecto.

"PLAN DEPREDATORIO"

"Resulta impensable que desde la experiencia empresarial acreditada de los miembros del Consejo de Administración, se proceda a la sorpresiva laminación del más alto dirigente ejecutivo de una empresa, sin tener la más mínima comunicación justificativa y sin previsión de recambio", indicó Cánovas en la querella en la que les acusa de un presunto delito de estafa.

El empresario aseguró que "tales actuaciones solo pueden responder al momento final de un plan depredatorio perfectamente diseñado y ejecutado, con el fin de apropiarse del negocio".

Cánovas incluyó en su querella hechos que serían constitutivos de un supuesto delito de revelación de secretos, al considerar que las personas señaladas accedieron y se apropiaron de información contenida en el correo electrónico que utilizaba. La policía judicial deberá remitir un informe al juzgado con sus conclusiones.