MÉRIDA, 10 (EUROPA PRESS)

La Junta de Extremadura esgrimirá el interés general y a la tutela judicial efectiva en su recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional (TC) en el que está trabajando ante la reciente sentencia del Supremo relativa a la demolición completa del complejo Marina Isla de Valdecañas.

Así, la Administración regional defenderá la capacidad para generar riqueza y empleo en la construcción, mantenimiento y explotación del proyecto, porque "retiene la población y recupera la viabilidad de las localidades del entorno que quedaron dramáticamente despobladas por la construcción del embalse en los años 60".

Además, argumentará el "interés general de los extremeños" como su "guía" en la decisión de agotar "todas las herramientas" que el ordenamiento jurídico pone a su disposición --en instancias tanto nacionales como supranacionales--, para que "prevalezca una solución justa y efectiva, una solución que armonice los intereses legítimos en juego y sobre todo que tenga en cuenta y respeta las prioridades y las expectativas de los extremeños".

De este modo lo ha explicado la vicepresidenta primera y consejera de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Extremadura, Pilar Blanco-Morales, en una comparecencia a petición propia este jueves ante el pleno de la Asamblea para informar sobre la valoración de la Junta de la situación de la Isla de Valdecañas tras la reciente sentencia del Tribunal Supremo relativa a su demolición completa de dicho complejo.

En este marco, ha subrayado que la valoración del citado fallo por se alinea con la postura que la Junta ha mantenido "desde el principio" y que se basa en la "búsqueda de un equilibrio realizable entre la protección del medio ambiente y el desarrollo económico de las zonas rurales", y que otorgue el "margen necesario" para implantar proyectos que frenen la despoblación.

"La postura es que merece la pena luchar por ese modelo justo y equilibrado de desarrollo sostenible y que Extremadura no puede bajar los brazos ante el reto demográfico", ha espetado Blanco-Morales, quien ha reiterado que la Abogacía General de la Junta ya está trabajando en el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional y ha avanzado además que el letrado general de la Administración regional comparecerá próximamente también en la Asamblea para hablar del asunto.

ARGUMENTOS

Así, la vicepresidenta primera ha señalado que la defensa del patrimonio natural es un empeño en el que "nadie puede dar lecciones a Extremadura", con más de un tercio de su territorio con áreas de protección, y ha mostrado "resistencia" a admitir que Extremadura "quede al margen de las corrientes de progreso".

Asimismo, como argumentos políticos para recurrir el fallo del Supremo, ha dicho que "Extremadura tiene la madurez necesaria para decidir sus prioridades y el derecho de aprovechar las oportunidades que se le brinde", y la Junta "tiene la obligación de luchar para remover cualquier obstáculo que lo impida".

En cuanto a la implementación y defensa del modelo de desarrollo sostenible de Extremadura, ha incidido en que la Junta se sirve "de todos los medios a su alcance para ajustar la relación entre protección del medio ambiente y generación de riqueza", entre los las facultades que permite el Estatuto de Autonomía, y el "recurso a las vías que habilita el Estado de Derecho para defender hasta el final la legalidad de las decisiones tomadas al amparo del ordenamiento jurídico".

Así, tras la sentencia del Tribunal Supremo sobre Valdecañas, Blanco-Morales ha repetido que la Junta acudirá "a todas las instancias nacionales y supranacionales que permitan encontrar una solución que concilien el restablecimiento de la legalidad urbanística con la mejora palmaria y significativa del medio ambiente en Valdecañas", así como que lo hará "con el máximo respeto por el Tribunal Supremo", cuya sentencia acata --ha dicho-- aunque será impugnada, y con "el máximo respeto a las demás partes en el proceso judicial", desde los recurrentes, los propietarios afectados, promotores o los ayuntamientos de El Gordo y Berrocalejo.

En este punto, la vicepresidenta primera ha recalcado que la Junta estima que "existen razones fundadas para impugnar en derecho" la sentencia del Tribunal Supremo, y ha recordado que la Abogacía General de la Junta ya ha recibido las instrucciones pertinentes para "proceder a interponer los recursos que procedan en las instancias nacionales o internacionales", sin descartar "si fuera necesario" acudir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos o ante el Tribunal de Justicia de la UE.

Al respecto, ha apuntado que la lectura de la sentencia del Supremo a la Junta le "obliga a pedir una aclaración en derecho al órgano garante de los derechos fundamentales en el ordenamiento jurídico, el Tribunal Constitucional", porque "en algún momento alguien, en este caso el Tribunal Constitucional, tendrá que explicar por qué para restablecer la legalidad urbanística que se fundamenta en motivos medioambientales ha de ocasionarse un daño ambiental mucho mayor que el que se pretende proteger".

Con ello, la Junta "discrepa respetuosamente", y así lo justificará en Derecho, de la solución que ha dado el Tribunal Supremo, porque las sentencias judiciales "además de aplicar la legalidad estricta deben ser efectivas y ponderar todos los intereses afectados y no pueden desconocer el bien jurídico que pretenden salvaguardar, en este caso la protección del medio ambiente", que según ha defendido Blanco-Morales "se vería seriamente comprometido con la demolición total del complejo para devolverlo al estado de degradación en el que ese paraje se encontraba antes de su construcción".

"La Isla de Valdecañas no existía antes del embalse, es el producto de la actividad humana, que primero con el embalse trajo riqueza y que después con el complejo ha traído mayores posibilidades de desarrollo" y que "ha generado un entorno medioambiental mucho más rico que el que existía anteriormente", ha dicho.

Finalmente, ha vuelto a recalcar que la Junta actúa en "todo lo que tiene que ver" con el complejo Marina Isla de Valdecañas "en defensa del interés general" de los extremeños. "Nos movió (el interés general) cuando se dictaron las normas que dieron cobijo al proyecto de la Isla de Valdecañas. Nos mueve ahora cuando se impugne la sentencia que amenaza con demolerlo y nos moverá en nuestra pugna por modificar cuantas normas de facto conviertan a buena parte de Extremadura en un lugar vedado para la iniciativa empresarial", ha espetado.