Fiscalía cifra el perjuicio económico de la presunta macroestafa en 85 millones de euros

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)

El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha rechazado la petición formulada por el productor de televisión José Luis Moreno y otros imputados en el caso 'Titella' de anular prácticamente toda la investigación por un defecto de forma ocurrido al inicio de las pesquisas al considerar que ha quedado superado por la envergadura que ha adquirido la causa, sin que se haya provocado indefensión alguna a los casi 50 imputados por esta presunta macroestafa.

En un auto del lunes, al que ha tenido acceso Europa Press, el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 2 desestima la nulidad reclamada por Moreno y otros tres imputados, petición que posteriormente respaldaron otros quince investigados.

La otrora estrella televisiva defendía que debía anularse todo lo actuado desde el 23 de agosto de 2018, cuando expiró el plazo para que el Juzgado de Instrucción Número 14 de Madrid, el que empezó a indagar en 'Titella', pudiera seguir investigando.

Moreno alegaba que el juzgado madrileño no prorrogó la fase de instrucción cuando debía, sino meses después, el 29 de octubre de 2018, de modo que habría caducado irremediablemente ese 23 de agosto.

El magistrado reconoce que, en efecto, cuando se acordó prorrogar las investigaciones judiciales el plazo inicial de seis meses "había transcurrido sobradamente".

Sin embargo, explica a renglón seguido que "no cualquier irregularidad procesal deviene en una nulidad radical", sino que "es preciso además, singularmente, que se genere indefensión a la parte, lo que no ha tenido lugar en la presente causa".

DE UNA DENUNCIA A UN "ENTRAMADO ORGANIZADO"

Asimismo, el juez Moreno expone que desde que la primera denuncia llegó al Juzgado de Instrucción Número 14 de Madrid hasta que el caso recaló en la Audiencia Nacional se produjo "una variación tanto cuantitativa como cualitativa del objeto de esta causa", no un simple avance.

En este sentido, recuerda que las pesquisas comenzaron porque Abanca presentó una querella en marzo de 2018 por "un hecho concreto" ocurrido en noviembre de 2017 cuando un hombre que se presentó como Antonio Muntanet Zafra, posteriormente identificado como Antonio Luis Aguilera, uno de los presuntos cabecillas de 'Titella', acudió a una sucursal de esta entidad bancaria para cobrar unos cheques-pagarés en nombre de siete mercantiles por valor de 1,3 millones de euros.

A raíz de esta querella se sucedieron una serie de actuaciones de Policía y Guardia Civil que condujeron al hallazgo de hechos similares, ya denunciados en unos casos y pendientes de denuncia en otros, por lo que llegados a este punto "todo indica que se está ante un entramado organizado dedicado a la comisión de delitos de estafa".

Surgió entonces una cuestión competencial que el Tribunal Supremo resolvió entregando la causa a la Audiencia Nacional ante el descubrimiento de nuevos hechos y la posible existencia de "una organización criminal".

El magistrado argumenta que el juez de Madrid pudo haber ordenado formar piezas separadas para investigar cada uno de los hechos nuevos, en cuyo caso "no nos hallaríamos ante este debate de los efectivos derivados del inadecuados cómputo" de los plazos de instrucción, porque los tiempos de la pieza principal no habrían afectado a las demás.

Aunque no fue así, porque el juzgado madrileño optó por investigar en un único procedimiento, insiste el instructor en que se trata de una "formalidad procedimental" que "en modo alguno puede desembocar en posibles nulidades e impunidades" porque no ha supuesto vulneración alguna de derechos y libertades fundamentales.

SIGUE EL CRITERIO DEL FISCAL

El juez Moreno se ha alineado así con el fiscal Marcelo de Azcárraga, que en un escrito del pasado 30 de septiembre, al que también ha tenido acceso Europa Press, se opuso a anular la causa, a pesar de que admitió que "no hay discusión acerca de que, cuando se acordó la prórroga del plazo de la instrucción, el plazo inicial de seis meses había transcurrido con creces".

Sin embargo, reivindica que nunca llegó a haber una "paralización absoluta" del procedimiento porque mientras el Juzgado de Instrucción Número 14 esperaba respuesta del Ministerio Público para determinar si debía inhibirse a favor de la Audiencia Nacional, las averiguaciones de "carácter puramente policial" continuaron y podrían haberse sumado a esta causa o a cualquiera de las que habrían podido abrirse a raíz de los nuevos hechos encontrados.

Asimismo, el fiscal subraya, frente al "razonamiento simplón" que achaca a los imputados que reclaman la nulidad, que en todo caso las actuaciones realizadas después del 23 de agosto de 2018 "están afectadas por una irregularidad procesal no causante de indefensión". "Y, por tanto, eran susceptibles de ser empleadas como medio de investigación que justifica y fundamenta las ulteriores diligencias, las cuales, estas sí, constituirían verdadero y limpio acervo probatorio", afirma.

En consecuencia, para el Ministerio Público "es evidente que la pretendida nulidad radical ni existe ni se puede extender a la información puramente policial aportada al proceso", gracias a la cual --recalca-- se ha conseguido destapar una presunta organización criminal que habría causado un perjuicio económico de unos 85 millones de euros, precisa el fiscal.

De Azcárraga argumenta también que "el efecto de absoluta nulidad solo se produce cuando hay una verdadera afectación a un derecho fundamental y se genera indefensión", para apostillar que en este caso concreto no se ha instruido "a espaldas" de los investigados, destacando que "incluso interpusieron diversos recursos contra distintas resoluciones" del juzgado madrileño.

EN LIBERTAD CONDICIONAL

Moreno es uno de los principales imputados en la 'Operación Titella', cuya investigación eclosionó el pasado mes de junio con su detención y la de decenas de personas en distintas ciudades por una presunta estafa perpetrada a través de un entramado societario. La Policía Nacional sospecha que el ventrílocuo mantendría ocultos entre 400 y 900 millones de euros en el extranjero.

Acusado de estafa, blanqueo, asociación ilícita, falsificación de documentos, insolvencia punible y delitos contra la Hacienda Pública, está en libertad condicional, con la obligación de comparecer semanalmente en un juzgado, retirada de pasaporte y prohibición de salir del país. Además, tuvo que cubrir una fianza de 3 millones de euros mediante un aval hipotecario que los peritos de la Audiencia Nacional siguen analizando.

Los investigadores dividen la presunta trama en dos organizaciones: una liderada por Moreno, Antonio Aguilera y Antonio Salazar, dedicada desde 2017 al "fraude y estafa a entidades bancarias e inversores privados", "a la falsificación de efectos bancarios como cheques y pagarés" y al "blanqueo de capitales"; y otra, encabezada por Carlos Brambilla, presunto narcotraficante que se habría valido de dicha estructura para blanquear el dinero.

Según el relato judicial, Moreno y Aguilera serían los "máximos responsables" y Salazar, el tercero en acción. Cada uno tendría una función. El productor, "como persona pública muy reconocida, prestaría su nombre como tarjeta de visita" a fin de conseguir fácilmente la financiación que fingirían necesitar para poner en marcha un proyecto cinematográfico. Por tanto, "era el principal receptor de los fondos obtenidos".

Ese dinero pasaría entonces a manos de Aguilera y Salazar. Los dos tendrían "amplios conocimientos en operativa bancaria y mercantil", por lo que se ocuparían de crear las sociedades, "maquillarlas", poner administradores y presentarlas ante las entidades bancarias como los destinatarios de la financiación necesaria para dichos proyectos. En realidad, carecerían de actividad alguna.