Cree que la negativa de la comisión de valoración resulta "intolerable, discriminatoria y segregacionista"

BILBAO, 3 (EUROPA PRESS)

La Asociación Profesional Justicia para la Guardia Civil, Jucil, ha instado a los 460 agentes y exmiembros del instituto armado y la Policía Nacional que pidieron acogerse a la denominada 'Ley de abusos policiales', que recurran el rechazo de la Comisión de Valoración a su demanda y agoten las vías legales. Además, ha asegurado que la negativa de la comisión de valoración resulta "intolerable, discriminatoria y segregacionista".

Jucil se ha pronunciado de esta forma después de que el Gobierno Vasco haya anunciado que la comisión de expertos encargada de analizar las solicitudes de acceso a la Ley de Reconocimiento y Reparación de Víctimas de Motivación Política --destinada a compensar a damnificados por actuaciones de funcionarios públicos o de grupos o personas "incontroladas"-- ha rechazado 460 peticiones de miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado (FSE) y 50 de otras víctimas de ETA para acogerse a esta norma, al no cumplir los requisitos de acceso a la misma porque ya existe una Ley específica para damnificados por el terrorismo.

En un comunicado, Jucil, asociación mayoritaria en el Consejo de la Guardia Civil, ha calificado de "intolerable" la "nueva discriminación" que, a su juicio, han sufrido "a manos de la Comisión de Valoración" los 460 agentes y exagentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil "que esperaban acogerse a la Ley de Víctimas de Vulneraciones de Derechos por la violencia política en el País Vasco".

Según ha lamentado, su portavoz, Agustín Leal, la consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal, que "hace una semana calificaba de intolerable la situación de violencia que habían vivido los guardias civiles y sus familias" por la violencia terrorista de ETA y la "represión y humillación" de sus "grupo afines", ha asegurado este jueves que los solicitantes, policías o guardias civiles, "no cumplen con los requisitos que señala" la ley.

"En su interpretación, solo pueden acogerse a la misma aquellos que hayan sufrido violencia y vulneración de los Derechos Humanos porparte del Estado o de personas privadas con la aprobación del Estado", ha añadido.

La asociación de la Guardia Civil ha aconsejado "recurrir y agotar las vías legales" ante una interpretación "cerrada y discriminatoria" de una ley "que se pretende universal" pero "deja desprotegidos ysegregados a parte de quienes cumplen con la condición víctimas de la vulneración de derechos humanos en el contexto de la violencia de motivación política en la Comunidad Autónoma del País Vasco".

"AGOTAR LA VÍA LEGAL"

Para Jucil, las declaraciones en la que la consejera vasca afirma que los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE) tienen "otras vías y otras leyes" para reclamar su condición de víctimas, suponen "una demostración más de la discriminación a laque se quiere someter a quienes sufrieron, durante años, y aún soportan, un ambiente de segregación y de humillación constante por parte de quienes, por mandato legal, tienen la obligación de la defensa de susderechos".

Por ello, ha aconsejado a quienes han visto rechazada su demanda, que presenten el correspondiente recurso y agoten la vía administrativa "antes de acudir, si fuera necesario, a la vía judicial para que se reconozcan sus derechos".

Aunque el portavoz de Jucil ha agradecido y destacado como "importante" el reconocimiento que, el pasado 21 de enero, hizo el Gobierno Vasco del "sufrimiento que padecieron los guardias civiles y sus familias a manos de ETA y su entorno a través de un estudio elaborado por el Instituto Pedro Arrupe de la Universidad de Deusto", ha añadido que la decisión de la Comisión de Valoración resulta "intolerable, discriminatoria y segregacionista".

Jucil ha criticado y destacado que "no acepte a estos peticionarios como víctimas de las vulneraciones de derechos" a pesar de que el estudio del Instituto Pedro Arrupe "lo documente y lo certifique".