Alega que se ha vulnerado su derecho a una resolución motivada y a una investigación "eficaz y efectiva"

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)

Izquierda Unida (IU) ha presentado ante el Tribunal Constitucional un recurso de amparo contra el auto del Tribunal Supremo en el que se acordaba el archivo de la querella que presentó junto al Partido Comunista de España (PCE) y el Foro de Abogadas y Abogados de Izquierdas (FAIRADE) contra el Rey emérito, Juan Carlos I, por presuntos delitos relacionados con el cobro de comisiones ilegales y con ingresos no declarados a hacienda.

El partido considera que se ha vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva a obtener "una resolución judicial motivada, razonada y razonable", así como el derecho a que se siga una investigación "eficaz y efectiva", según ha precisado en un escrito de 100 folios interpuesto el 25 de junio adelantado por eldiario.es y al que ha tenido acceso Europa Press.

En este sentido, ha insistido en que como acusación popular solicitó incoar una investigación que "afecta la credibilidad de la institución de la Corona, a la de la propia justicia de nuestro país en el ámbito internacional y al sosiego del conjunto de la ciudadanía española" y ha defendido que "existe un indudable interés constitucional ligado además al evidente interés social que tiene el caso".

En el marco del recurso, la formación ha reprochado la actuación de la Sala Segunda del Supremo, presidida por el magistrado Manuel Marchena, y ha presentado una queja de amparo al considerar que se ha visto afectado también su derecho a un proceso con todas las garantías al tener "dudas o sospechas sobre una posición no imparcial a la hora de investigar hechos que afectan al anterior monarca por parte de los magistrados".

Izquierda Unida ha hecho referencia al incidente de recusación --que finalmente fue desestimado-- planteado contra los jueces del Alto Tribunal "con ocasión de las expresiones denigrantes que se plasmaron contra esta acusación popular".

LA DECISIÓN DEL SUPREMO

El recurso tiene lugar después de que el pasado febrero el Supremo resolviera el archivo de la querella de IU --y la de Òmnium-- al entender que estaba basada solamente en el "relato periodístico" y que para abrir una causa penal "se precisa algo más".

Al momento del archivo, los magistrados indicaron que, "con carácter general, una noticia por sí sola, no legitima a ningún accionante popular para convertir el relato periodístico en un relato de hechos punibles desencadenantes del proceso penal". "Los juicios de valor de quien pretende ejercer la acción popular no convierten la noticia en delito", señalaron entonces.

Izquierda Unida, en su recurso, ha defendido que los "hechos de nueva noticia que oportunamente se pusieron en conocimiento" del Supremo "no son simples noticias de prensa" convertidas en causa criminal, "sino derivadas de declaraciones y/o revelaciones de personas" que "tenían un conocimiento directo" de los hechos que se estaban investigando.

En este sentido, ha lamentado que tales declaraciones hayan trascendido a la prensa porque "al parecer" ello constituye "un obstáculo insalvable" para seguir adelante con las pesquisas. "Lamentamos inconmensurable tener que disentir con tal manera de argumentar", ha dicho.

La formación ha planteado una serie de interrogantes, entre ellas, "¿por qué el hecho de que la fiscalía suiza investigue una transferencia de 65 millones de euros al querellado carece de importancia?" y "¿por qué esa transferencia no puede tener incidencia en la comisión de delitos de blanqueo de capitales o delitos contra la hacienda pública?".

El teniente fiscal del Supremo, Juan Ignacio Campos, llevaba más de un año al frente del equipo que investiga las tres diligencias sobre Don Juan Carlos por posibles comisiones procedentes del AVE a La Meca, por el supuesto uso de tarjetas 'black' por parte del Rey emérito y de otros miembros de su familia, y por presuntos delitos fiscales.

PIDE LA PRÁCTICA DE DILIGENCIAS

En el marco del escrito, Izquierda Unida ha reclamado al tribunal de garantías que declare no ajustados a la Constitución los autos de 15 de febrero y 5 de mayo emitidos por el Supremo y, en consecuencia, "declare su nulidad". A su juicio, la Sala "omitió indebidamente su deber de dictar auto de abstención por la evidente animadversión y hostilidad manifestada y demostrada".

Asimismo, ha pedido al Constitucional que "ordene la retroacción de todas las actuaciones al momento procesal anterior a la violación del derecho fundamental citado, debiendo la sala Segunda del Tribunal Supremo acordar la práctica de todos los medios probatorios propuestos en los sucesivos escritos interpuestos" por Izquierda Unida y "cuantos otros resulten procedentes".

La formación también ha considerado oportuno que el Constitucional "proclame la necesidad de asegurar las condiciones para tener una justicia que no solo sea imparcial sino que también lo parezca a la hora de dilucidar sobre investigaciones que afectan al anterior Jefe de Estado".