Acusa al magistrado de acumular una "suma de despropósitos procesales" y de no querer instruir "contra Del Olmo"

MADRID, 2 (EUROPA PRESS)

Iberdrola ha presentado este miércoles un recurso en la Audiencia Nacional criticando al juez instructor de la macrocausa 'Tándem', Manuel García-Castellón, al que acusan de realizar una "contumaz violación" de sus derechos fundamentales después de que decidiese retirar la condición de querellante a la empresa y abriese la puerta a reconocer al ex director de Control de Funciones Corporativas José Antonio del Olmo como denunciante de supuestas irregularidades.

En el escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, la energética acude a la Sala para que revoque el auto del pasado jueves por el que el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6 acordó prorrogar la instrucción de esta pieza en la que se investigan los supuestos encargos de Iberdrola al comisario jubilado José Manuel Villarejo con el fin de practicar una batería de diligencias para completar la investigación de la causa, entre las que se incluye la citación de 15 personas.

En su escrito, el magistrado hacía referencia a una serie de "extremos que evidencian notables carencias en el fundamento de una pretensión, la denuncia de una presunta falsedad, cuyo futuro ahora debe posponerse". Una "circunstancia" que debía conducir "irremediablemente" a que Iberdrola perdiese" su condición de parte en la medida que los hechos que determinaban su personación" quedan fuera del procedimiento.

Iberdrola se muestra en este punto muy dura con el juez, por conservar "la competencia para instruir la causa" y tomar la decisión de "no instruirla". "El instructor sigue haciendo lo que quiere, y lo que quiere, a juzgar por la insistencia en sus decisiones, es que no se instruya nada contra el señor Del Olmo", critican.

En este punto, la compañía recuerda que fue la propia Sala la que le devolvió su condición de querellante después de que el magistrado optase por retirarla. "Pues bien: es ante esta contumaz insistencia en la vulneración de nuestros derechos, en la desautorización de la Sala y en la elusión de sus mandatos, que debemos acudir a este Tribunal solicitando el amparo de los derechos de nuestra mandante, y ello a los efectos de reiterar unas peticiones que, nótese, ya nos fueron concedidas", señala.

UNA VIOLACIÓN "FLAGRANTE" DE LA TUTELA JUDICIAL

Y todo ello después de que el juez diese traslado al Ministerio Fiscal y a las partes para que alegasen sobre el posible reconocimiento de Del Olmo de la figura reconocida en la Directiva 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo del 23 de octubre del 2019 relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión, los conocidos como whistleblower, una suerte de denunciante de irregularidades.

La empresa se querelló en 2020 contra su antiguo directivo por el informe elaborado por Del Olmo en diciembre de 2004 donde reflejaría presuntas irregularidades y dejaría constancia de varias facturas, incluida una emitida por CENYT, el grupo empresarial de Villarejo. La compañía sostenía que se trataba de un 'dossier' falso y acusó a Del Olmo del robo de documentación.

Para la compañía, "la suma de despropósitos procesales aumenta" si se repara en que el juez "(aún) no ha sobreseído la causa contra Del Olmo, pero ha expulsado a la acusación particular, que lo es en tanto que perjudicada por el delito". "El instructor, que en su momento asumió la competencia para conocer de la querella que interpusimos ante los Juzgados de Bilbao, ahora "revoca" nuestra condición de querellante, pero conserva la causa por falsedades contra el señor Del Olmo", añade.

En este sentido, Iberdrola lamenta lo que considera una "decisión atípica" que "viola de modo flagrante y manifiesto el derecho de esta parte a la tutela judicial efectiva" de nuevo. "Pero esta segunda vez no sólo se han vuelto violar los derechos de nuestra mandante, sino que, además, se ha burlado el mandato de la Sala que la restituía en su posición jurídica", continúa.

AFIRMACIONES "CUYA FALSEDAD FÁCILMENTE DEMOSTRABLE"

En el auto del pasado jueves el magistrado, sin embargo, no dejaba "pasar por alto" que, al introducir el delito de descubrimiento y revelación de secretos imputado a Del Olmo, la compañía "reconoce la realidad de los documentos en poder del señor Del Olmo de los que se apoderó para su ulterior revelación".

"Mal casa la pretensión de la compañía de sostener la falsedad de una documentación con la posición procesal de su presidente, quien pretende introducir en la causa las alegaciones efectuadas por el señor Del Olmo en otro procedimiento en el que se reconoce la realidad de la documentación que este guardaba en su poder y que la su empresa que dirige entiende que son falsos", apuntaba el juez.

A este respecto, Iberdrola critica que el juez vierta "consideraciones que no fundamentan las decisiones aquí recurridas y cuyo alcance es difícil de adivinar, en medio de tan confusa argumentación" y que "basan en afirmaciones cuya falsedad es fácilmente demostrable".

"El delito de falsedad (tanto en su vertiente de simulación como en su vertiente de uso ilícito) tiene que ver con la falsa comunicación interna que, según hemos argumentado, simuló Del Olmo: un documento simulado, que intenta fingir que tuvo lugar una comunicación interna dentro de una empresa del grupo Iberdrola que jamás tuvo lugar", explica.

"EL ERROR DEL INSTRUCTOR NO ES EXCUSABLE"

Así las cosas, "el delito de revelación de secretos y datos reservados se predica de una serie de facturas: éstas sí reales y no simuladas". "Y es que no puede obviarse que durante décadas Del Olmo ha extraído de Iberdrola, por motivos que desconocemos, numerosa documentación confidencial de la Compañía, alguna de la cual fue posteriormente difundida públicamente", continúa.

De esta forma, Iberdrola deja claro que en su escrito de ampliación de querella presentado en diciembre de 2021 "se hace un listado de los documentos aportados por el señor Del Olmo en el que no se encuentra el documento de 1 de diciembre de 2004" que califican como falso. "El error del instructor no es excusable", critican, asegurando que "bastaba con una somera lectura" de ese escrito para darse cuenta.

Y es que, "aunque inexcusable", la compañía cree que "el error puede ser más comprensible en el escrito de una parte que" atiende a "intereses empresariales ajenos al procedimiento penal y en clara competencia" con los de Iberdrola, en alusión a Florentino Pérez y a la empresa que preside, ACS.

"Y es que, en efecto, una vez más el origen de este argumento se puede encontrar en el reciente escrito de la representación procesal de don Florentino Pérez, quien ya ha evidenciado en numerosas actuaciones un obstinado interés en instrumentalizar el proceso con intereses espurios", inciden.