También ha remitido el relativo al trabajo a domicilio

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)

El Consejo de Ministros ha acordado la remisión a las Cortes de dos convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el relativo a la eliminación de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo y el referido al trabajo a domicilio, además de autorizar el consentimiento de España a obligarse por ambos.

El primero de ellos, de junio de 2019, entró en vigor en junio pasado y hasta el momento lo han ratificado siete países --Uruguay, Fiyi, Argentina, Ecuador, Mauricio, Namibia y Somalia-- y tiene por objeto la erradicación de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo, lo que implica una definición amplia del objeto protegido, incluyendo situaciones y colectivos que van más allá del ámbito laboral, según explica el Ejecutivo.

El Gobierno ha defendido que este convenio es importante puesto que "desde una perspectiva económica, la existencia de un entorno de trabajo libre de violencia tiene en todo caso un efecto positivo sobre la productividad y supone un elemento cohesionador para las relaciones laborales" en un momento de recuperación económica como el previsto a partir de ahora.

Además, aunque sus disposiciones son compatibles con la legislación española en vigor, "su ratificación puede también entenderse como una oportunidad para actualizar nuestro ordenamiento jurídico efectuando los ajustes normativos que permitan una mayor concordancia y sintonía con el Convenio y, consecuentemente, con la norma laboral internacional", ha explicado Moncloa.

El Ministerio de Trabajo y Economía Social ha emitido un informe proponiendo la ratificación del Convenio, pero el Consejo de Estado dictaminó el pasado 24 de junio que para ello es necesaria la previa autorización de las Cortes Generales.

CONVENIO SOBRE TRABAJO A DOMICILIO

Por lo que se refiere al Convenio sobre el trabajo a domicilio data de 1996 y, según el Gobierno, encaja con la normativa española en vigor relativa a esta materia y la complementa, incidiendo en la mejora de la protección que este tipo de trabajadores requiere de manera diferenciada.

Asimismo, Moncloa considera que es particularmente útil "perfeccionar la regulación de un ámbito laboral actualmente en expansión a causa de la generalización del teletrabajo. También en este caso el Consejo de Estado dictaminó el pasado 17 de junio que era necesaria la autorización de las Cortes para su ratificación.