MADRID, 11 (EUROPA PRESS)

El Gobierno no se plantea ampliar el plazo legal de dos años que impide a los ex altos cargos fichar por empresas relacionadas con su gestión pública pues considera que esa limitación temporal de incompatibilidad es "suficiente" para evitar cualquier riesgo de pérdida de independencia o imparcialidad.

Así responde a una pregunta de la portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, quien pedía cuentas al Gobierno a propósito de la contratación del que fuera director general adjunto a la Dirección General de Armamento y Material del Ministerio de Defensa hasta el pasado mes de junio, general retirado Francisco Javier Abajo Merino, por parte del consorcio Tess-Defensa, S.A., en calidad de asesor de dicha compañía.

Nogueras se hacía eco de varios informaciones que apuntan a que la citada empresa contrató al general Abajo Merino meses después de que adjudicara a la misma un contrato público para la fabricación de blindados VCR 8x8 por valor de 2.093 millones de euros, "uno de los más cuantiosos de la historia del Ministerio de Defensa".

Así las cosas, Nogueras pedía al Ejecutivo saber si promoverá alguna iniciativa legislativa o circular para que este tipo de actuaciones no vuelvan a ocurrir en el seno de las instituciones públicas, en tanto que, según denuncia, ha quedado demostrado que las medidas actuales "no han podido evitar la persistencia de las puertas giratorias que tanto criticaban".

En su respuesta, recogida por Europa Press, el Gobierno señala que, hasta el momento, "no hay prevista ninguna modificación de la normativa sobre conflictos de intereses de altos cargos que amplíe el actual plazo de dos años de incompatibilidad al cese, por considerarse que esa limitación temporal es suficiente para evitar cualquier riesgo de pérdida de independencia o imparcialidad del alto cargo en el ejercicio de sus responsabilidades públicas".