MADRID, 4 (EUROPA PRESS)

El Gobierno ha negado "desactivación alguna" de la Abogacía del Estado en las investigaciones contra 42 ex altos cargos independentistas por el presunto desvío de fondos para las denominadas 'embajadas catalanas' y al Consejo de la Diplomacia Pública de Cataluña, conocido como Diplocat.

En una respuesta parlamentaria a Vox, el Ejecutivo ha explicado que si el abogado del Estado no interpuso una demanda contra los dirigentes independentistas es porque no habría sido "ajustado a Derecho" cuando "consta que se carece de legitimación activa". "No existe desactivación alguna sino el ejercicio de las acciones o intervención en los procedimientos que se consideran ajustadas a Derecho", justifica.

Todo ello en respuesta a la formación liderada por Santiago Abascal que, en alusión a una noticia publicada en el diario 'El Mundo', interrogaba al Ejecutivo sobre por qué "desactivó" a la Abogacía del Estado respecto del asunto de la supuesta malversación en la acción exterior de la Generalitat.

Vox se dirigió al Gobierno después de que el entonces ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, anunciase que la Abogacía no presentaría una demanda tras la multa del Tribunal de Cuentas por los gastos del Diplocat. La responsabilidad contable fue fijada inicialmente en 5.422.879,48 euros.

DESCARTAN UN CAMBIO DE CRITERIO DE LA ABOGACÍA

En cualquier caso, el Ejecutivo recuerda que "la Administración General del Estado sí se ha personado como ofendido en las Diligencias Previas 487/2021 seguidas ante el Juzgado de Instrucción no18 de los de Barcelona, a raíz de denuncia interpuesta por Fiscalía y con origen en el mismo informe del Tribunal de Cuentas sobre la acción exterior de la Generalitat durante los años 2011 a 2017".

En esta línea, el Gobierno también ha contestado a una pregunta registrada por Vox el pasado 12 de julio. "¿Alcanzó el Gobierno algún acuerdo con los líderes del separatismo catalán a cambio de abandonar la exigencia de responsabilidades por la malversación de fondos públicos en la acción exterior de la Generalidad? En caso positivo, ¿cuáles son las contrapartidas del mismo?", rezaba el escrito.

Así las cosas, la réplica del Ejecutivo argumenta que la Abogacía del Estado "no ha cambiado de criterio en este asunto y no participa en la segunda parte del procedimiento porque carece de legitimación activa al no tratarse de fondos estatales".

"No parece por lo tanto defendible que la Abogacía del Estado haya cambiado de criterio en relación con este asunto. Cosa distinta es que, una vez hecha la liquidación provisional, esté o no legitimada para participar en el procedimiento jurisdiccional, si este llega a incoarse", justificó el Gobierno.