El Gobierno justifica la inmunidad de un policía vinculado a gestiones en Andorra sobre cuentas de políticos catalanes
MADRID, 21 (EUROPA PRESS)
El Gobierno ha justificado mantener la inmunidad a Celestino Barroso Sánchez, inspector jefe de la Policía Nacional que fue agregado en la Embajada española de Andorra desde julio de 2014 a junio de 2017, y al que se relaciona con gestiones para obtener información bancaria sobre políticos catalanes, entre ellos el expresidente de la Generalitat Jordi Pujol.
"Cualquier procedimiento abierto contra el señor Barroso por actos llevados a cabo durante su misión se enfrentan a esta disposición protectora, que ampara sine die al agente diplomático para que este desempeñe sus funciones en las mejores condiciones posibles", argumenta el Ejecutivo de Pedro Sánchez.
La respuesta la ofrece el Gobierno al diputado del PDeCAT Sergi Miquel, que se había interesado por el motivo por el que el Ministerio de Asuntos Exteriores "no dio respuesta a la nota verbal que le formuló al Ministerio de Asuntos Exteriores de Andorra donde renunciaba a la inmunidad de jurisdicción del inspector Jefe de la Policía Nacional Celestino Barroso Sánchez".
El Gobierno asegura que Barroso estaba acreditado y con pasaporte diplomático en la Embajada de España en Andorra como agregado de Interior, cargo que asumió entre julio de 2014 y junio de 2017, regresando luego a su destino en la plantilla de la Jefatura Superior de Policía de Cataluña.
"En su condición y durante su misión", continúa el texto con fecha de 7 de junio consultado por Europa Press, "el señor Barroso Sánchez gozaba de inviolabilidad y no podía ser objeto de ninguna forma de detención o arresto (artículo 29 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas)".
El Ejecutivo añade que este mando policial "también gozaba de inmunidad de jurisdicción penal del Estado receptor, por lo que no estaba obligado a testificar ni podía ser objeto de ninguna medida de ejecución (artículo 31 de la Convención)".
En este sentido, el Gobierno cita el artículo 39.2 para defender a este mando en su etapa en Andorra, siendo presidente del Gobierno Mariano Rajoy, ya que entiende que la inmunidad del agente de la Policía "no cesa respecto a los actos realizados en el ejercicio de sus funciones como miembro de la misión".
Según informó 'El Mundo' el pasado 23 de abril, la familia Cierco, la histórica propietaria de la Banca Privada de Andorra (BPA), había remitido una carta a la ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, para que desbloqueara la investigación por coacciones que se sigue en el Principado contra antiguos mandos del Ministerio del Interior.
El procedimiento indaga sobre la entregara de cuentas ocultas de líderes nacionalistas catalanes bajo la supuesta amenaza de que, en caso de negativa, la entidad financiera sería intervenida.