Basa la utilidad pública de la medida de gracia en la necesidad de lograr una "solución transversal" para Cataluña

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)

La justificación de los indultos concedidos por el Gobierno a los nueve condenados por sedición y malversación en el 'procés' independentista que cumplían penas de prisión pasa por superar la actual "espiral tóxica" y normalizar las relaciones tanto constitucionales como "afectivas" entre España y Cataluña. Ello no podía depender de que una o más personas mostraran o no su arrepentimiento respecto de los hechos por los que fueron condenados, según han explicado este martes fuentes del Ejecutivo de Pedro Sánchez.

Las fuentes consultadas explican que todos estos planteamientos fundamentan la motivación de la utilidad pública en los decretos de indulto aprobados por el Consejo de Ministros. La medida de gracia contempla la extinción de las penas de prisión que les resta por cumplir a los condenados, y fija un periodo de seguridad de entre 3 y 6 años -según el condenado- que condiciona el perdón a que no vuelvan a cometer delitos graves durante este periodo.

Las mismas fuentes señalan que se parte de la convicción de que los indultos no significan en ningún caso que no se acate la sentencia, que es firme y no se revoca. Pero añaden que la decisión del Tribunal Supremo tuvo consecuencias - el cumplimiento de 1.300 días de prisión-, y que ahora es el momento de abrir la vía política.

La finalidad, insisten las mismas fuentes, es mejorar la situación tanto política como económica en Cataluña, desde el convencimiento de que es necesario que catalanes y el resto de españoles se escuchen mutuamente.

DIÁLOGO, AHORA COMO EN LA TRANSICIÓN

En este punto, el diálogo se considera el cauce más eficaz para afrontar el problema, al igual que ocurrió en el periodo de la redacción de la Constitución, durante la transición, en el que participaron personas que se habían enfrentado en una guerra.

Además, las mismas fuentes añaden que la decisión del gobierno respecto de los condenados --por hechos que se siguen considerando muy graves y tras el cumplimento ya de más de tres años de prisión-- no es algo excepcional en las democracias occidentales.

Apuntan a que en este asunto ha habido errores por parte de todos, sobre todo de la parte independentista, que ha ignorado a la mitad de Cataluña, pero que hay que reconocer también que desde otra parte se ha ignorado a los independentistas y la situación debe ser superada por un proyecto para una Cataluña europea, plural y próspera, que tenga más autogobierno.

Por ello, desde el Ejecutivo se trabajará para convencer a las partes más alejadas de los postulados constitucionalistas, que la Carta Magna nos defiende a todos, incluso a los que la denigran, pero también que en ella cabe la defensa de todas las ideas.

El Gobierno cree además que no habrá reincidencia en los indultados por varios factores: la pena de inhabilitación se mantiene integra, el perdón está condicionado a que no se cometan delitos graves, el Código Penal se mantiene vigente y tienen el convencimiento de que no se va a volver a llevar a la sociedad catalana a la situación extrema que se produjo en 2017.