MADRID, 12 (EUROPA PRESS)

El Gobierno prevé poner en marcha en el año 2022 la Ley de creaciación y regulación de la Oficina de Derechos de Autor, además de contar con la aprobación de un Real Decreto por el que se determinan los equipos, materiales y soportes sujetos al pago por compensación de copia privada.

Así lo recoge el plan normativo del Gobierno para 2022, presentado el pasado martes por el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, y al que ha tenido acceso Europa Press. En el documento, además, se incluyen otras medidas legislativas que se espera tener listas para este año, como son la Ley del Cine o la del Patrimonio Histórico.

En el plan el Gobierno explica que la finalidad de la Ley para la Oficina de Derechos de Autor es la de crear un organismo público "similar al de otros países del entorno" que cuente con capacidad y recursos "adecuados" para gestionar la actividad relacionada con la propiedad intelectual.

"Esta actividad ha experimentado una constante expansión, tanto a nivel nacional e internacional, de ahí que las competencias en materia de propiedad intelectual del Ministerio de Cultura y Deporte hayan venido aumentando en los últimos años y sigan haciéndolo", recoge el documento.

Respecto al pago del canon, el plan hace referencia únicamente a determinar qué equipos lo llevarán incluido, además de las cantidades que los deudores deberán abonar y la distribución de dicha compensación entre las modalidades de reproducción.

En cuanto a las leyes, las dos incluidas son las anunciadas Ley del Cine y del Patrimonio Histórico. Respecto a la del cine, Iceta ya adelantó que estaría en este año con el objetivo de preservar un sector estratégico "destinado a todo tipo de públicos".

"Es imprescindible alinear mejor la regulación con los criterios europeos en materia de ayudas públicas, señaló el pasado mes de septiembre el ministro de Cultura y Deporte. Durante el pasado mes de julio se llevó a cabo una consulta previa y el Ministerio contaba con elevar el anteproyecto de ley al Consejo de Ministros antes de que acabase 2021.

Para el Patrimonio Histórico, el Gobierno busca "actualizar y mejorar su propia definición a través de una reforma que ya estuvo a punto de ponerse en marcha, pero cuyo anteproyecto finalmente fue retirado el año pasado por el propio Iceta ante las alegaciones presentadas por varias comunidades autónomas.