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El Gobierno aprueba hoy la nueva Ley de la Ciencia, que busca dar estabilidad a los científicos españoles

Permitirá a los investigadores recibir indemnización tras finalizar su contrato, medida que finalmente será retroactiva
El Gobierno aprueba hoy la nueva Ley de la Ciencia, que busca dar estabilidad a los científicos españoles

Permitirá a los investigadores recibir indemnización tras finalizar su contrato, medida que finalmente será retroactiva

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)

El Consejo de Ministros aprobará este viernes, a propuesta del Ministerio de Ciencia e Innovación, el anteproyecto de ley que modifica la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación.

La reforma pretende mejorar la carrera científica para dotar de más estabilidad al personal investigador, reducir las cargas administrativas y modificar la gobernanza del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación para mejorar su gestión, dotando de mayor reconocimiento a la transferencia de conocimiento.

El anteproyecto recoge un itinerario postdoctoral de "incorporación estable al sistema". Así, para los postdoctorales que quieran acceder al sistema, la duración del contrato será de entre 3 y 6 años, con prórrogas de, al menos, un año. Además, fija que las situaciones de "incapacidad temporal, nacimiento, adopción, guarda con fines de adopción, acogimiento, riesgo durante el embarazo o riesgo durante la lactancia, violencia de género o terrorista", interrumpirán el cómputo del plazo límite de duración del contrato, así como de su evaluación.

Según este nuevo modelo de contrato, el personal investigador con contrato postdoctoral en universidades públicas, Organismos Públicos de Investigación (OPI), fundaciones o consorcios públicos, podrá optar a una evaluación de la actividad investigadora a partir de la finalización del segundo año de contrato, con el objeto de conseguir la estabilización en el sistema, esto es, que tras haber superado dicha evaluación, el personal investigador obtendrá una certificación como "investigador establecido", que además conllevará mejoras salariales.

Además, aprobar esta prueba les eximirá de realizar partes de las pruebas para acceder al sistema público, y se les reservará un mínimo del 15% de la tasa de reposición para este tipo de contratos en las Ofertas Públicas de Empleo (OPE) en las universidades y del 25% en los OPI.

Para esta modalidad de contrato se propone una indemnización por fin de contrato. En este caso, el investigador tendrá derecho a recibir "una indemnización de cuantía equivalente a la prevista para los contratos de duración determinada en el artículo 49 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores".

Por otro lado, el borrador incorpora un nuevo contrato indefinido para "todo tipo de personal de investigación" que realice actividades científico-técnicas.

"Los contratos de actividades científico-técnicas, de duración indefinida, podrán estar vinculados a la existencia de financiación externa o financiación procedente de convocatorias de ayudas públicas en concurrencia competitiva asociada a los mismos durante su vigencia", señala el texto, que precisa que estos "no formarán parte de la Oferta de Empleo Público".

Este tipo de contrato vendría a sustituir a los contratos por obra y servicio, muy extendidos en el sistema científico español y que, sin embargo, desaparecen con la reforma laboral. Sin embargo, con su entrada en vigor al completo, el 30 de marzo de 2022, estos investigadores quedarían en el 'limbo' hasta la aprobación de la nueva Ley de la Ciencia.

Al igual que los postdoctorales, el borrador también reconoce el derecho a indemnización de los investigadores predoctorales. En concreto, el texto propone "una indemnización equivalente a 12 días de salario por año de servicio, prorrateándose por meses los periodos de tiempo inferiores a un año", medida que además será retroactiva, a aplicar a aquellos que actualmente tienen contrato como aquellos contratados a partir de la entrada en vigor de la norma.

OTRAS NOVEDADES

Además, la reforma modifica el artículo 25 de la Ley, que permitía a los investigadores al servicio de los Organismos Públicos de Investigación (OPI) someter a evaluación los méritos adquiridos únicamente en los propios OPI (CSIC, CIEMAT, ISCIII y IAC). Con el texto aprobado hoy en el Consejo, se amplía a todos aquellos centros del sistema público español de ciencia, tecnología e innovación, así como a universidades.

También se define una carrera para el personal técnico y se rediseña el contrato del investigador distinguido, limitándolo a la dirección de equipos humanos o dirección de centros, instalaciones y programas científicos y tecnológicos.

Y, por primera vez, el texto recoge que se garantiza una financiación de la I+D+i estable y creciente para acercarse a los países de la Unión Europea y alcanzar así el 1,25% del PIB en inversión pública para 2030.

AGENCIA ESTATAL ESPAÑOLA

Por otro lado, la futura norma recoge la creación de la Agencia Espacial Española, recogida ya en el decreto de la Estrategia de Seguridad Nacional aprobado por el Ejecutivo el pasado mes de diciembre. El borrador de anteproyecto señala que el Gobierno aprobará el estatuto de la institución, que tendrá carácter de agencia estatal adscrita al Ministerio de Ciencia y no supondrá aumento del gasto público, en el plazo máximo de un año. La agencia integrará funciones que actualmente están distribuidas en diferentes entidades y distintos ámbitos ministeriales para aunar la representatividad de España en el sector.

Ante la aprobación de este texto, más de una veintena de asociaciones y sindicatos se cocentraron la semana pasada en 9 ciudades de toda España para protestar contra el anteproyecto.

El colectivo de investigadores, entre los que se encuentran FPU Investiga, Red Doctorandos, Ciencia con Futuro, Federación de Jóvenes Investigadores (FJI/Precarios), la CNT y CGT, lamenta que el anteproyecto no recoja algunas de sus demandas.

Entre sus demandas está un Estatuto del Personal de la Investigación que regule sus derechos como trabajadores; modificar las retribuciones mínimas en el Estatuto del Personal Investigador Predoctoral en Formación (EPIPF); desarrollar la carrera profesional del personal técnico y de gestión; e integrar todo el personal de investigación dentro de los convenios colectivos de referencia.

Del mismo modo, reclaman revisar las externalizaciones de los servicios básicos de las universidades y centros de investigación (subcontratas); eliminar la tasa de reposición; y desarrollar un marco claro de incorporación y carrera profesional de personal de investigación (investigador, técnico y de gestión) en las plantillas del Sistema Nacional de Salud.

Por último, demandan atención y protección a los colectivos más vulnerables; y crear una Oficina de Integridad Científica nacional e independiente con poderes sancionadores y vinculada a la Oficina de Protección del Denunciante para proteger su identidad.

IMPACTO DE LA REFORMA LABORAL

Mientras, paralelamente a la aprobación de este texto, el sindicato CSIF ha pedido una solución transitoria para garantizar la continuidad de 30.000 contratos de obra y servicio de personal investigador que consideran en peligro tras la entrada en vigor de lsoa reforma laboral y hasta que entre en vigor la futura norma.

También los rectores han pedido que la aprobación de la reforma laboral y de la Ley de Ciencia se haga de manera coordinada para evitar "impactos negativos" sobre los más de 25.000 investigadores universitarios del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTI) que se verían afectados. En cualquier caso, han manifestado su apoyo a la dignificación y estabilización de la carrera investigadora que el Gobierno busca a través de ambas normativas.

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