La Fiscalía de Medio Ambiente propone que se unifiquen criterios sancionadores en los municipios de más de 50.000 habitantes

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)

La Fiscalía ha propuesto elaborar un protocolo para "primar" las competencias de la Policía local de cara a que los agentes puedan actuar penalmente contra quien entre de manera ilegal en las zonas de bajas emisiones que tendrán que establecerse próximamente en las ciudades de 50.000 habitantes o más.

En un oficio de la Fiscalía de Medio Ambiente dirigido a la entrada en vigor en diciembre de 2021 del plan Madrid 360, en relación con cumplimiento de la normativa referida a las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE), el fiscal de Sala de Medio Ambiente, Antonio Vercher, plantea una serie de "reflexiones" a partir de los datos de infracciones administrativas cometidas por los usuarios de vehículos no autorizados a transitar por las zonas delimitadas.

En ellas, plantea que en las entradas ilegales a las ZBE deben primar las competencias de la Policía local. Para ello, propone que se elabore un protocolo para que el citado cuerpo policial pueda actuar penalmente, si hubiera elementos para ello, amén de la responsabilidad administrativa que ya se viene ejerciendo.

Según informa la Fiscalía, desde la Alcaldía de Madrid se ha respondido a la Fiscalía, en oficio de 28 de enero, mostrando el pleno compromiso del Consistorio al respecto, así como la voluntad de abordar las cuestiones derivadas del citado planteamiento, con el fin de asegurar el cumplimiento de la normativa y garantizar las mejores condiciones para la salud de los ciudadanos.

Por otro lado, para establecer una actuación uniforme en esta materia, la Fiscalía propone que la Federación de Municipios y Provincias constituya un comité para establecer estrategias de actuación y unificar criterios.

Aunque de momento el oficio se ha remitido al Ayuntamiento de Madrid, la Fiscalía avisa de que el Ministerio Público enviará próximamente oficios en términos similares a las ciudades que, igual que Madrid, estén adoptando medidas en línea con lo dicho, y más adelante, al cumplirse los plazos legales, a las ciudades con un censo superior a los 50.000 habitantes, en previsión de la normativa europea que fija para estas localidades españolas unas obligaciones de cumplimientosobre bajas emisiones a partir de 2023.