El magistrado de la Audiencia Nacional deberá ahora decidir si acuerda esa imputación, y si pone nueva fecha a la declaración de Sánchez Galán

MADRID, 7 (OTR/PRESS)

La Fiscalía Anticorrupción ha pedido al juez de la Audiencia Nacional que instruye el caso 'Tándem' que impute tanto a Iberdrola Renovables como a Repsol y Caixabank por contratar los servicios del comisario jubilado José Manuel Villarejo. Ahora el juez deberá decidir si atiende estas peticiones del Ministerio Público.

Fuentes jurídicas y fiscales consultadas por Europa Press confirman esta petición, que en el caso de Iberdrola llega en el marco de la pieza separada 17, en la que se investigan los diferentes contratos de la eléctrica con el comisario, cuando aun estaba en activo. La solicitud de imputación llega como respuesta a un auto del juez Manuel García-Castellón en el que preguntaba a los fiscales si la compañía debía estar en la causa como investigada o como perjudicada.

De hecho, se paralizaron las declaraciones como investigados tanto del presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, como las de otros directivos y exdirectivos a la espera de conocer cuál era la situación procesal de la compañía.

En caso de que estas tres peticiones sean atendidas por el instructor, la de Repsol y Caixabank en el marco de la pieza separada 21, las tres compañías se sumarían a la lista de imputados en la que están de hecho ya algunos de los principales responsables o exdirectivos de cada una, como Isidro Fainé (Caixabank) o Antonio Brufau (Repsol).

LOS PROYECTOS PARA IBERDROLA

En el caso de la eléctrica, uno de los últimos pasos que la Audiencia Nacional ha acordado es la imputación de su presidente y de tres directivos, el 'número dos' y consejero-director general de Negocios (Business CEO) de Iberdrola, Francisco Martínez Córcoles; el expresidente de Iberdrola España, Fernando Becker; y el ex jefe del Gabinete de Presidencia Rafael Orbegozo. Indiciariamente les imputa un delito continuado de cohecho activo, delito contra la intimidad y falsedad en documento mercantil por los encargos presuntamente ilícitos encomendados al comisario.

En su auto, el magistrado explicaba que los cuatro desde sus respectivos puestos directivos pudieron participar en la contratación de los servicios de Villarejo cuando aún estaba en activo en el Cuerpo Nacional de Policía, que se manipularon las facturas correspondientes a esos servicios y que se tuvo acceso a datos reservados de las personas sometidas a investigación, entre las que se encontraban desde el presidente de ACS, Florentino Pérez, al ex presidente de Endesa Manuel Pizarro.

La relación con el comisario habría arrancado según la resolución del juez en 2004 cuando la eléctrica contrató con Cenyt --empresa de Villarejo-- a través del director de Seguridad, el también imputado Antonio Asenjo, el proyecto 'Arrow', que tenía por objeto superar los obstáculos para la construcción y puesta en funcionamiento de una central de ciclo combinado en Arcos de la Frontera (Cádiz).

A ese encargo siguieron otros, como el denominado 'Black Board' o 'B-B' que en 2004-2005 tenía por objeto conocer información sensible de actividades de Pizarro, o los de 2009 en los que Asenjo encomendó a Villarejo los denominados 'Gipsy' y 'Posy'. El primero consistió en investigar a un directivo de la eléctrica, José María Álvarez, y a un proveedor, Francisco Julián Gutiérrez, al sospechar que pudiera mediar el pago de comisiones ilegales. Las pesquisas de Villarejo se extendieron a la vinculación de Álvarez con Florentino Pérez.

En 'Posy' el objetivo era investigar a Florentino Pérez porque querían conocer "cualquier circunstancia que pudiera ser utilizada en un escenario de conflicto con Iberdrola". De lo intervenido, se supo que recabaron datos personales de él y su familia, y constan dos facturas de las que tuvo conocimiento otro de los directivos imputados, Del Olmo. De hecho el juez recoge que de sus anotaciones se sabe que Asenjo le indicó que de ese trabajo "solo tenía conocimiento Sánchez Galán", y antes de pagarlo fueron firmadas por Orbegozo.

EL PROYECTO WIND PARA IBERDROLA RENOVABLES

Ya a finales de 2011, según el juez, el Grupo Iberdrola en esta ocasión a través de la mercantil Iberdrola Renovables Energía volvió a contratar a Villarejo cuando se encontraba prestando servicio activo en el Cuerpo Nacional de Policía, dando lugar al denominado proyecto Wind.

En un primer momento, el trabajo se centró en investigación a la sociedad suiza Eólica Dobrogea y a su accionista mayoritario Chrisopher Kaap, con quienes Iberdrola Renovables se había aliado para una serie de proyectos en Rumanía y "con quienes surgieron diferentes conflictos" que acabaron resolviéndose en favor de la eléctrica española en un procedimiento arbitral. En un segundo periodo, a partir de 2016, las pesquisas de Villarejo se centraron en localizar bienes de Eólica Dobrogea y de Kaap sobre los que poder ejecutar el laudo arbitral favorable.

De este asunto, que ha derivado en la petición de imputación de Iberdrola Renovables, se han localizado tres facturas recibidas de Cenyt que, por la fecha de su emisión, podría corresponder a los trabajos del proyecto Wind, una del año 2012, no asociada a ningún pedido, y dos del año 2017 que sí figuran asociadas a un pedido.

Dado que la reforma del Código Penal por la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, relativa a las implicaciones procesales del régimen de responsabilidad penal de las personas jurídicas entró en vigor en octubre de 2011, se entiende que las empresas que contrataron proyectos al comisario con anterioridad a esa fecha quedan excluidas de responsabilidad. Ése sería el motivo por el que la imputación en el caso de la eléctrica recaería sobre Iberdrola Renovables, pues los trabajos arrancan en 2012.

EL ENCARGO DE REPSOL Y CAIXABANK

En noviembre de 2020, el juez acordó la imputación del que fuera director de Seguridad Corporativa de Repsol Rafael Araujo y al ex jefe de Seguridad de CaixaBank Miguel Ángel Fernández Rancaño --ambos comisarios, uno en excedencia y otro jubilado-- por los encargos que realizaron al comisario José Manuel Villarejo en el marco de la pieza 21 del caso 'Tándem'. A esas imputaciones siguieron otras y culminaron con la citación como inivestigados de Fainé y de Brufau.

En ese primer auto de noviembre, les imputaba delitos de cohecho y descubrimiento y revelación de secretos por el encargo que realizaron al comisario y que tenía por objetivo espiar al expresidente de Sacyr Luis del Rivero y a su entorno por medio del denominado 'Proyecto Wine'.

Ese trabajo tenía por objetivo salvaguardar los intereses de Repsol y Caixabank, que eran aliados empresariales en un contexto de pugna entre accionistas de referencia en Repsol YPF SA para tomar el control de la compañía. El juez trata de esclarecer si recurrieron al comisario en 2011 para evitar que mediante un acuerdo con la petrolera mexicana Pemex, otro de los grandes accionistas de Repsol, Sacyr Vallehermoso, se hiciese con el control del consejo de administración presidido por Antonio Brufau.