SANTIAGO DE COMPOSTELA, 7 (EUROPA PRESS)

El despacho Pérez-Lema Avogados e Consultores, que representa a familiares de usuarias de la residencia DomusVi de Aldán, en Cangas (Pontevedra), critica que las diligencias practicas "son insuficientes" --como el requerimiento documental y dictamen médico-forense--, después de que la Audiencia Provincial de Pontevedra haya confirmado el sobreseimiento del procedimiento penal contra la empresa y dos ex altos cargos de la Consellería de Política Social de la Xunta.

La Sección Cuarta de la Audiencia dictó la pasada semana el archivo de un causa abierta a raíz de una querella presentada por las hijas de dos usuarias del centro de Cangas que se contagiaron de covid-19 durante la primera ola de la pandemia, de las cuales una terminó falleciendo.

Al respecto, el bufete de abogados censura que las diligencias "adolecen de incongruencias y sesgos que limitan su valor probatorio". Expone que no hallaron indicios de responsabilidad penal "porque no se permitió la identificación de los datos objetivos, pese a disponerse de prueba para hacerlo".

Reprueba que "la documentación manejada respondía únicamente a los intereses de defensa de la residencia DomusVi Aldán y no evaluó el grado de cumplimiento de los protocolos sanitarios". Por ello, no descarta la toma en consideración de nuevas pruebas.

A modo de ejemplo, apunta a que la "única información manejada por el médico forense" fue el informe asistencial y el informe de alta hospitalaria, "sin que conste consulta del historial clínico" de una de las residentes. "Esto es: se evalúa a una personas muerta a través de documentos que no aportan información sobre lo acontecido en lo días previos al óbito y sobre los cuidados recibidos".

Asimismo, Pérez-Lema Avogados e Consultores se queja de que "no se permitió" evaluar las circunstancias concretas de cada caso, ni siquiera mediante la evaluación médica a una de sus defendidas que no falleció.

"La única certeza es que los fallecimientos no se habrían producido de preservar a las personas residentes del contagio del coronavirus", sostiene la acusación.