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Extremadura aprueba una iniciativa para "desterrar" el síndrome de alienación parental de los casos de abuso sexual

La Asamblea de Extremadura ha aprobado una propuesta de impulso presentada por Unidas por Extremadura, apoyada por el Grupo Socialista tras aceptarse una enmienda con la que se pretende mejorar el texto, que insta a no aplicar el "falso" síndrome de alienación parental (SAP) en los servicios públicos de protección a la infancia y a las mujeres y madres víctimas de violencias de género y vicaria.
La diputada de Unidas por Extremadura Irene de Miguel, sentada en su escaño.
Extremadura aprueba una iniciativa para "desterrar" el síndrome de alienación parental de los casos de abuso sexual

MÉRIDA, 17 (EUROPA PRESS)

La Asamblea de Extremadura ha aprobado una propuesta de impulso presentada por Unidas por Extremadura, apoyada por el Grupo Socialista tras aceptarse una enmienda con la que se pretende mejorar el texto, que insta a no aplicar el "falso" síndrome de alienación parental (SAP) en los servicios públicos de protección a la infancia y a las mujeres y madres víctimas de violencias de género y vicaria.

La iniciativa, que ha recibido el voto en contra del PP, y la abstención de Cs, también defiende la creación de las denominadas Casas de niños, en las que se construye un entorno "adecuado" para la atención de los menores que son víctimas de abusos sexuales.

La confluencia extremeña quiere de esta forma "rechazar la falsa teoría llamada Síndrome de Alienación Parental y sus diversos derivados", así como la necesidad de coordinación parental al considerar que se trata de un "ataque a la obligación de defensa de los derechos de la infancia" y un "claro ejemplo de violencia institucional al aplicar el machismo, los estereotipos de género y los mitos sobre la violencia descritos por la literatura científica, cuando es usado desde servicios públicos".

En esta línea pretenden garantizar que ningún servicio u organismo con financiación pública en Extremadura, dentro del ámbito de sus competencias, haga uso de esta "teoría pseudo-científica o de sus derivados".

Por ello, instan a garantizar que las casas de los niños y de las niñas sean "recursos interdepartamentales, especializados, universales, de gestión pública y gratuitos, con acceso equitativo a todo el territorio extremeño", gestionadas por un "comité externo, independiente y pluridisciplinar para hacer el seguimiento y la evaluación de las nuevas unidades de las casas de los niños y de las niñas, con el objetivo de velar por el cumplimiento de los estándares de calidad del modelo".

En defensa de su iniciativa, la portavoz del Grupo Parlamentario de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha destacado la necesidad de "desterrar" este "falso" síndrome de la atención a las víctimas de abusos sexuales y también de los procesos judiciales.

Así, ha señalado que el SAP, acuñado por el psiquiatra estadounidense Richard Gardner, que posteriormente fue procesado por pedofilia, se describe como la experiencia de un niño o niña al ser manipulado por uno de los dos progenitores para volverse contra el otro y resistirse a tener contacto con él o con ella.

Un síndrome, basado en "falsos estereotipos machistas", y que a pesar de no estar reconocido por ninguna institución médica, se utiliza en procesos judiciales, desprotegiendo así a los menores que son víctimas de abusos sexuales, al no tomar como prueba su declaración ante un tribunal, y provocando en muchos casos, ha señalado, que los menores sean "arrancados" de sus madres.

"La aplicación del SAP supone dejar indefensos a los niños y niñas y un bumerán contra las madres que se atreven a denunciar", ha señalado De Miguel, que ha citado como una de estas víctimas a Sara, una madre extremeña envuelta en un largo proceso judicial en el que lleva años sin ver a sus hijas.

De Miguel ha enmarcado esta iniciativa en un contexto actual en el que se está produciendo un "recrudecimiento de la violencia machista", con casos como los de Olivia, la niña cuyo cuerpo ha aparecido en Tenerife, así como los de Rocío Caíz, el atropello mortal de Alicia, y el último, el de una octogenaria en Moratalaz.

"HERRAMIENTAS PERVERSAS"

En defensa de su enmienda, la diputada socialista Soraya Vega ha subrayado que el SAP y la violencia vicaria son "herramientas tremendamente perversas para dañar a las madres, a la mujeres", y en este punto se ha preguntado "dónde se sitúa el PP", si en la "rigurosidad de la norma", o en el "populismo de la ultraderecha", ante lo cual ha defendido que "no se puede blanquear" la violencia machista.

Así, la diputada del Grupo Popular Inmaculada Sánchez Polo ha rechazado el uso del SAP, si bien se ha posicionado en contra de que no se analice en cada caso si existe influencia sobre los hijos por parte del padre o de la madre, a fin de optar por la "mejor solución" para los menores. "No es todo blanco o negro", ha señalado.

RECHAZO A LA VIOLENCIA INSTITUCIONAL

Asimismo, ha rechazado que no haya habido casos en los que la aplicación de este síndrome no haya perjudicado al padre, así como ha negado la existencia de una "violencia institucional", y en concreto ha señalado que no están dispuestos a acusar al Poder Judicial de ser machista.

Esta intervención ha dejado "helada" a Irene de Miguel, pues lo considera un "discurso negacionista terrible" de la violencia machista, que podría "comprar" cualquier parlamentario de Vox. Una intervención cargada de "barbaridades absolutas", que no encuentra en el mismo PP de Extremadura que aprobó la ley LGTBI.

"Están en una deriva absoluta con este tema que es peligrosa", ha lamentado, al tiempo que se ha preguntado qué ocurre en el PP para que haga este discurso y que haya "costado" alcanzar una declaración institucional contra la violencia machista. "Hay que tomar nota de lo que defiende el PP. Con ellos las niñas y niños y las madres están perdidos", ha sentenciado.

Por su parte, la diputada de Cs María Encarnación Martín Andrada ha subrayado la postura de su formación contra la violencia de género. "Para Cs todos los días son 8M". Así, se ha mostrado a favor de la iniciativa en cuanto a la no aplicación del SAP y en mejorar la protección de las madres e hijos que son víctimas de abusos sexuales.

En este punto, ha mostrado su apoyo a Juana Rivas, para quien ha pedido el indulto, y sobre la que ha argumentado que "tal vez pudo hacer lo que hizo para evitar", ha señalado, que sus hijos fueran víctimas de la violencia vicaria.

Así, ha mostrado su apoyo a todos los puntos de la iniciativa salvo a un aspecto, que es aquel en el que considera que se rechaza la figura del coordinador parental, a quien Martín Andrada considera "un profesional imparcial que protege al menor", motivo por el cual ha argumentado que no apoyaría la iniciativa.

Ante esto, De Miguel ha respondido que no entiende la postura de Cs, al señalar que todos los días son 8M pero después no reconoce que haya violencia institucional.

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