Solicita una serie de diligencias para demostrar que el banco no tenía problemas cuando él estuvo al frente

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)

El expresidente del Banco Popular Ángel Ron ha asegurado que durante el tiempo que estuvo al frente de la entidad se cumplieron "siempre las ratios de capital y liquidez, no existiendo incumplimiento regulatorio de ningún tipo", y dejando claro que las cuentas anuales publicadas antes de la ampliación de capital "expresaron la imagen fiel" del banco.

Así se ha expresado Ron en un escrito de 38 páginas, al que ha tenido acceso Europa Press, remitido al titular del Juzgado Central de Instrucción Número 4, José Luis Calama, el instructor de la causa que investiga dos fases del proceso de resolución del Popular: las presuntas irregularidades contables de la entidad en 2016, con la ampliación de capital, y las filtraciones a prensa de un año después que habrían provocado su resolución a mediados de 2017.

Precisamente sobre ese primer proceso, Ron sostiene que la ampliación "dispuso de todos los informes favorables" y asegura que la financiación de acciones "además de ser legal para un banco, no impacta negativamente en el patrimonio neto contable ni en la cuenta de resultados de la entidad".

Además, en alusión a la "supuesta sobrevaloración de las tasaciones vinculadas a activos inmobiliarios y créditos concedidos a empresas de este sector y el consiguiente déficit de provisiones", el otrora director señala que esas mismas valoraciones "fueron revisadas por el supervisor en 2014 y posteriormente se realizó un ejercicio de actualización de las mismas".

Asimismo, Ron se refiere a un informe de los peritos del Banco de España de 2019 para recordar que, en diciembre de 2016, el patrimonio neto del Banco Popular era de cerca de 11.000 millones de euros, gozando de una capacidad de generación recurrente de beneficios antes de provisiones en torno a 1.150 millones.

"Es decir, además de solvente, era viable y adicionalmente había una serie de medidas al alcance de los gestores, las más relevantes previstas por el equipo gestor anterior, para que si determinadas circunstancias sobrevenidas no previsibles, ni anticipables, pudiesen afectar a la marcha de los Planes de Negocio, el banco pudiese hacer frente a las mismas, preservando la solvencia", apunta en su escrito.

Así las cosas, Ron insiste en que la causa de la resolución de la entidad "no fue un problema de solvencia del banco, ni ninguna circunstancia que tuviera que ver con la imagen fiel de las cuentas de 2016, sino con acontecimientos posteriores externos queprovocaron una fuga masiva de depósitos".

SOLICITA UNA SERIE DE DILIGENCIAS

En su escrito, además, Ron solicita al instructor una serie de diligencias dirigidas a demostrar que el 18 de mayo de 2017 elBanco no presentaba problemas de solvencia ni de riesgo de iliquidez.

Para ello, a su juicio, "es necesario disponer de cuantas comunicaciones internas se produjeron entre todos los implicados, incluidos los profesionales" del despacho de abogados Uría Menéndez, que se dedicó a asesorar a la entidad bancaria a partir de ese año.

Eso permitirá, sostiene, "explicar por qué se llegó a la situación de declarar la inviabilidad del banco y si se informó adecuadamente a los consejeros del significado y trascendencia de los acuerdos adoptados" en el último Consejo de Administración, celebrado el 7 de junio de 2017.

En primer lugar, Ron solicita que se recopilen las actas de manifestaciones de cinco consejeros expresando "su parecer" sobre la reunión de ese día. Todo ello para determinar "qué creyeron votar y si la decisión adoptada fue suficientemente informada".

SIN INFORMACIÓN SUFICIENTE PARA UNA DECISIÓN TRASCENDENTAL

Ron plantea a este respecto la posibilidad de que no se plantease a los consejeros que acordaron la inviabilidad del banco el escenario de la resolución, "que sin embargo ya se llevaba preparando en los días previos y que se decretó al día siguiente del Consejo".

"Hay que tener en cuenta que algunos consejeros han manifestado que en este último Consejo no se proporcionó información suficiente para poder decidir responsablemente sobre la cuestión debatida y el alcance del acuerdo adoptado", aduce.

De igual forma, el exdirector solicita que se identifique por parte del despacho Uría y Menéndez a los profesionales que formaron parte del equipo de trabajo que asesoró al banco Popular en el periodo desde el 17 de febrero de 2017 hasta el 7 de junio del mismo año.

Y, en este sentido, que también se aporten "todas las comunicaciones internas habidas entre el despacho y gestores o directivos de Banco Popular durante el periodo de asesoramiento, y en particular las que tuvieron lugar desde el Consejo del 18 de mayo de 2017 y todas las que se mantuvieron para preparar el Consejo de Administración de 7 de junio de 2017".