CÓRDOBA, 28 (EUROPA PRESS)

El exministro de Justicia José María Michavila ha afirmado este lunes que "cuando se pone por delante la militancia al ejercicio de cualquier otra actividad se está contaminando la independencia, no solo del Poder Judicial", sino que también se está "degradando la democracia", algo que se está viviendo "en el propio Gobierno de España".

Así lo ha expresado este lunes en Córdoba durante su intervención en la jornada sobre 'Independencia judicial y regeneración institucional' que ha organizado el PP previa a su Convención Nacional de octubre y en cuya inauguración han participado el presidente del PP, Pablo Casado; la secretaria general del PP-A, Loles López; el presidente del PP cordobés; Adolfo Molina; y el alcalde de la ciudad, José María Bellido.

En este contexto, el exministro ha puesto de manifiesto que cuando "alguien es primero militante y después juez, ese señor no pone sentencias imparciales". En su opinión, eso "es exactamente lo que degrada la independencia judicial y lo que le degrada la democracia". Es, "desgraciadamente", lo que "estamos viviendo ahora desde que el propio Gobierno de España", que "trata de atropellar a todas las instituciones al servicio no de la convivencia, sino de una militancia que busca una estrategia de poder", ha comentado.

La Constitución contempla que "España es un Estado social y democrático de derecho", lo que quiere decir que "con el derecho se resuelven los problemas de la convivencia y cuando hay problemas en la convivencia se resuelven aplicando el derecho y no atropellando el derecho", ha dicho el exministro, recalcando que "cuando en democracia hay problemas se resuelven con más democracia y no con menos democracia".

Michavila, que ha recordado la creación del Pacto de Estado por las Libertades y Contra el Terrorismo y el Pacto de Estado por la Justicia para acabar con el terrorismo y movimientos secesionistas, ha subrayado que pactó en 2003 un proyecto de ley con el entonces líder de la oposición, el socialista José Luis Rodríguez Zapatero, que se convirtió en ley, "para que los referéndums ilegales fueran ilegales" y "no se pudieran convocar alegremente y financiados con nuestros impuestos y no pasara nada".

Al respecto, ha asegurado que "el gran consenso constitucional era que los nacionalistas radicales preconstitucionales, es decir, los que querían romper la unidad de España, no tenían sitio del Gobierno de España", pero "Zapatero votó en contra al cabo de un mes de esa ley y se presentó a las elecciones diciendo que lo primero que haría sería derogarla". "Si esa ley no la hubiera derogado, Zapatero, probablemente, no hubiera tenido una mayoría para gobernar, pero seguro no había habido un referéndum ilegal en Cataluña como ha habido", pues dicha ley "estaba prevista precisamente para evitar esas circunstancias".

EL GOBIERNO "NO QUIERE LÍMITES"

Por su parte, el eurodiputado y director de la Fundación Faes, Javier Zarzalejos, que ha actuado como moderador, ha señalado que "estamos ante una ofensiva general contra el Estado de derecho porque el Estado de derecho constituye un límite democrático al poder" y el Gobierno "no quiere límites a su poder, que no los conoce y que está dispuesto a infringirlos en razón de puros compromisos partidistas".

Zarzalejos ha agregado que "los estados no solamente compiten en Economía, sino que también compiten en instituciones y nadie quiere un país imprevisible, que desconcierte, donde el Gobierno en apenas tres años, casi alcanza la cifra de 100 decretos-leyes, donde la inseguridad jurídica se está adueñando de muchos ámbitos".

Por otro lado, Rosalía Espinosa, coordinadora del Foro de Justicia Andaluz Fiscal Portero y portavoz de Justicia en el Parlamento andaluz, ha comentado que es para el español medio es "difícil creer en un futuro prometedor, en una recuperación económica y en un futuro para sus hijos en un país donde las instituciones del Estado se ven tambalearse cada día".

"No es extraño oír que la justicia no es igual para todos y no existe independencia judicial", ha dicho Espinosa, quien ha remarcado que los indultos "parecen insultos a las personas honradas". "Esa desazón es sobre la que hay que actuar, hay que poner en valor la Constitución, que no se ha estudiado en los colegios de España".

"NO SE PERCIBE QUE EL JUEZ SEA INDEPENDIENTE"

Entretanto, Antonio Dorado, del Consejo Consultivo de Andalucía, ha expresado durante su intervención en la mes redonda que "la independencia judicial no se cuestiona", reafirmando que "los jueces son independientes", pero el problema es que en la sociedad "no se percibe que el juez sea independiente".

En este sentido, Dorado ha hecho hincapié en que "tenemos un problema grande de percepción, no de independencia". Es por ello que la percepción es "lo que hay que intentar corregir para que nadie dude de que cuando uno va a un juez, ese juez le va dictar una solución justa basada en la ley y solo en la ley".

Por último, el presidente de la Sociedad Española de Estudios de Derecho de la Seguridad, Francisco Muñoz Usano, ha abordado la independencia de los jueces españoles a nivel internacional, subrayando que "tenemos un sistema judicial muy consolidado" con "todas nuestras jurisdicciones, nuestro Tribunal Supremo y nuestro Tribunal Constitucional, pero también estamos inmersos en un sistema internacional que tiene ciertas instancias de justicia".

En este sentido y para concluir, ha mencionado la Unión Europea con su Tribunal de Justicia, el Consejo de Europa con su asamblea parlamentaria, "que se permite pronunciarse sobre lo que hacen nuestros jueces", o el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, nacido en 1950, que "también le dice a nuestros jueces" qué hacer. "A los juristas nos crea cierta desazón porque no sabemos cuando se acaban los caminos", ha apostillado Muñoz Usano.