BARCELONA, 4 (EUROPA PRESS)

La plataforma Escuela de Todos ha pedido al Gobierno que asuma "su obligación no solo de cumplir, sino de hacer cumplir la Constitución" después de que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluya (TSJC) haya constatado la imposibilidad legal de ejecutar la sentencia que obliga a impartir un 25% de horas lectivas en castellano.

Considera que es el Gobierno el que tiene que "denunciar la inconstitucionalidad" del Decreto Ley 6/22 y de la Ley 8/22 y lo ha emplazado a impugnar las mencionadas normas ante el Tribunal Constitucional (TC) y a solicitar la suspensión de su aplicación.

La plataforma cree que el Govern de la Generalitat ha contado con la colaboración del Ejecutivo central para conseguir la suspensión del procedimiento de ejecución de la sentencia y evitar su aplicación efectiva e inmediata: "De manera indisimulada ha mostrado un pasmoso desinterés en la ejecución de la sentencia".

Así, ha reclamado que impugne ante el TC el Decreto ley 6/2022 y la Ley 8/2022, que requiera a la Generalitat que abandone la actitud "de clara rebeldía" y que adopte las medidas para que el catalán y el castellano sean ambas lenguas vehiculares y de aprendizaje en las escuelas catalanas.

También ha instado al Ejecutivo central a "adoptar, si es necesario y parece que lo es, las medidas constitucionalmente previstas para reconducir a la legalidad la situación".

"Estamos ante uno de los más graves desafíos que nuestra democracia ha tenido que soportar. El gobierno de la Generalitat, con la complicidad aparente del Gobierno de España, desafía al Estado de Derecho y pone nuestra Constitución a los pies de los caballos", han defendido desde la plataforma.