Madrid, 9 feb (EFE).- La Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN-ES) en España y Europa ha reclamado una regulación, "y no buena voluntad", de las entidades para garantizar el acceso al sistema bancario a todas las personas y evitar que tengan que recurrir a créditos rápidos con intereses abusivos.

Durante la jornada "Inclusión financiera: ¿enfoque de derechos o aporofobia bancaria?, EAPN-ES ha alertado de la situación de exclusión financiera insostenible para millones de familias y las dificultades financieras que sufren en España 1,3 millones de hogares, que se ven obligados a usar sus ahorros o a pedir dinero prestado para llegar a fin de mes.

Para el presidente de la red, Carlos Susías, "el Banco de España y el Ministerio de Economía deben afrontar la aporofobia bancaria y garantizar que toda la ciudadanía tenga acceso al sistema bancario y financiero" con una regulación, en alusión al anuncio de los bancos de presentar antes de un mes un catálogo de medidas que fomenten la inclusión financiera.

"Hay que actuar no en base a la buena voluntad, sino con una buena regulación que tenga consecuencias dirigidas por el Banco de España y ayude a que todos los ciudadanos tengan acceso al sistema financiero, incluido el ámbito rural", ha aseverado Susías. "Decisiones políticas y económicas nos han llevado a una situación de exclusión financiera insostenible para millones de familias".

Las entidades sociales reclaman que se garantice la apertura de las cuentas básicas sin comisiones para personas con dificultades económicas, tal y como obliga la ley, y que las entidades bancarias no apliquen cargos por cobro de servicios a las cuentas con menores cuantías.

Ante los obstáculos con los que se encentran algunas personas, como migrantes que están tramitando su documentación o personas que no pueden recibir las ayudas sociales porque no tienen una cuenta bancaria, la red ha alertado de que muchas personas "caen en financiaciones alternativas, como los créditos rápidos y tarjetas 'revolving', que les obligan a pagar intereses abusivos".

Durante la jornada, Graciela Malgesini, responsable de Incidencia Política y Asuntos Europeos de EAPN-ES, ha alertado de que "la pandemia ha agravado la situación de 'distrés' financiero, en el que vive el 7,3 % de la población en España (1.329.863 hogares)", que se produce cuando los hogares, al carecer de renta disponible, deben recurrir a ahorros si los tienen o pedir préstamos. "Cuando van a pedir créditos o refinanciación, se enfrentan con la banca y sus condiciones", añade.

En el informe "Inclusión financiera para el desarrollo sostenible, un enfoque de derechos en el proceso de reconstrucción pospandemia", la experta ha destacado los últimos datos del INE de 2021: el 35,4 % no puede afrontar un gasto imprevisto de 650 euros, el 45,1 % llega con alguna o mucha dificultad a fin de mes y el 12,2 % tiene retraso en el pago de los gastos de la vivienda habitual".

Una investigación de EAPN-ES realizada sobre una muestra 348 personas en situación de vulnerabilidad social revela que casi la mitad (el 47,6 %) ha sufrido en el último año un gran incremento de las comisiones por servicios de su entidad bancaria; el 44,2 % asegura que las condiciones de su cuenta han empeorado y le han quitado bonificaciones y el 20,2 % ha querido abrirse una cuenta bancaria y se la han denegado.

Para el presidente de Adicae, Manuel Pardos, "la alfabetización financiera debe ser una prioridad para la banca".

"Personas mayores, migrantes y refugiadas o perceptoras de pensiones o rentas mínimas de bajo importe, trasladan repetidamente su preocupación por las dificultades para acceder a cuentas básicas gratuitas, el cobro de elevadas comisiones bancarias o el embargo indebido de prestaciones", ha explicado Fernando de Andrés, secretario general de la Valedora do Pobo de Galicia.

Para Carlos San Juan, promotor de la Campaña #SoyMayorNoIdiota, lo más urgente es recuperar la atención humana y personal en las entidades bancarias.

La gerente del Instituto Gallego del Consumo y de la Competencia de la Xunta de Galicia, Sol Vázquez, ha incidido en el incumplimiento generalizado de las entidades de informar sobre la cuenta de pago básica, pese a que la normativa obliga a las entidades de crédito.

Por su parte, la Plataforma de Mayores y Pensionistas (PMP), que representa a 5,7 millones de afiliados, ha planteado este miércoles sus demandas al secretario general del Tesoro, Carlos Cuerpo, para una mejor atención en las entidades y ha reclamado que los bancos dedique a este objetivo parte de los 20.000 millones de euros de ganancia en 2021. EFE

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