Tras las fianzas, el Tribunal dará traslado a Generalitat y acusaciones, con 20 días para demandar y si no lo hacen, se traslada a Fiscalía

MADRID, 01 (OTR/PRESS)

La demanda contra 34 ex cargos del Govern en el Tribunal de Cuentas por el presunto uso irregular de fondos queda en manos de la Fiscalía y las asociaciones después de que la Abogacía del Estado y la Generalitat de Cataluña avisaran de que no seguirán adelante. La primera por entender que no tiene legitimidad para demandar y la segunda por no considerarse perjudicada.

La notificación del acta de liquidación provisional en la que se fija la fianza de 5.422.411,10 en concepto de responsabilidad contable por el presunto uso irregular de fondos para las denominadas 'embajadas catalanas' y para el Diplocat da paso a una nueva fase del proceso en la que las partes personadas pueden presentar o no demanda de cara al futuro enjuiciamiento de los hechos en el órgano contable.

De estas demandas está excluida la Abogacía del Estado, según fuentes jurídicas consultadas por Europa Press, puesto que la legitimación en este asunto para demandar por el daño a las cuentas públicas corresponde a la Abogacía, pero de la Generalitat.

Las mismas fuentes han explicado que existe ya precedente en el Tribunal de Cuentas, en referencia a la sentencia de noviembre de 2018 en la que el órgano fiscalizador acordó la falta de legitimación de la Abogacía del Estado para demandar al expresidente catalán Artur Mas por los gastos de la consulta del 9 de noviembre de 2014.

Según ha publicado El Confidencial, desde la Generalitat preparan ya su salida de la causa y tienen previsto no presentar demanda contra los ex cargos del Govern.

El resto de partes emplazadas a la interposición o no de una demanda que impulse el enjuiciamiento del asunto son la Fiscalía y dos asociaciones que ejercen la acción pública, la de Abogados Catalanes por la Constitución y la de Sociedad Civil Catalana.

Este procedimiento, dirigido a dirimir una presunta responsabilidad contable en el uso de estos fondos públicos, se inició con un informe de fiscalización de los gastos en el exterior de la Generalitat que dio lugar a una denuncia --en este caso sí participo la Abogacía del Estado-- con la que arrancó la instrucción cuyos resultados se han comunicado esta semana.

LOS PLAZOS

Los ex cargos tienen un plazo de 15 días hábiles --que empezó a correr ayer después de que se les notificara el acta de liquidación provisional-- para depositar las fianzas requeridas, que se imponen para que pudieran hacer frente a las responsabilidades contables a las que pudieran ser finalmente condenados. De no abonar la cifra, se procederá al embargo de bienes. Los letrados podrán recurrir una vez entregado el dinero.

Según recoge la Ley de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas, una vez que se hayan abonado las fianzas, se dará traslado de la pieza y demás actuaciones al representante de la entidad del sector público perjudicada y las demás acusaciones para que dentro del plazo común de 20 días presenten demanda.

Si no se llega a presentar, se conferirá traslado al Ministerio Fiscal, por el mismo plazo, para que la formule si así lo considera oportuno; en caso de que tampoco presentase escrito, el órgano de la jurisdicción contable a cargo del litigio ordenará de oficio el archivo de los autos.

Una vez finalizada esta instrucción, continuará el procedimiento en el Departamento Segundo de Enjuiciamiento, en manos de la juez Margarita Mariscal de Gante --quien fuera ministra de Justicia del primer Gobierno de José María Aznar--, al que por turno le correspondió este asunto.

5,4 MILLONES ENTRE 34

Según el acta de liquidación provisional, al que ha tenido acceso Europa Press, se les reclama a 34 ex cargos --incluidos el ex presidente catalán huido Carles Puigdemont y el ex vicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras-- cantidades individuales por conceptos concretos que aprobaron cuando estaban en sus respectivos cargos.

La mayor suma se le atribuye al ex secretario del Diplocat Albert Royo, a quien se le responsabiliza de 3,6 millones; le siguen la ex interventora de la Generalitat Mireia Vidal, por 3,1 millones; el ex conseller de Presidencia Francesc Homs, por 2,9 millones; el ex presidente Artur Mas por 2,8 millones; y el ex conseller de Economía Andreu Mas-Colell por 2,7 millones.

En el caso de Raül Romeva, uno de los nueve indultados por el Gobierno, la cifra alcanza los 2,1 millones de euros; Junqueras --también beneficiado por la medida de gracia-- figura con una responsabilidad contable de 1,9 millones, al igual que Puigdemont.

Aunque se les reclama a cada uno cantidades individuales por conceptos concretos que aprobaron cuando estaban en sus respectivos cargos, todos ellos deberán responder al total de forma solidaria hasta los 5,4 millones del total.

Según el acta de liquidación provisional, del importe total requerido 5.150.711,09 euros corresponden al principal de los presuntos daños ocasionados a los fondos públicos y 271.700,01 a intereses calculados previa y provisionalmente desde el día 28 de marzo de 2019, fecha de aprobación por el Pleno del Tribunal de Cuentas del informe de fiscalización, hasta la fecha del acto de liquidación fijado para esta semana.

Han quedado fuera de la lista de presuntos responsables los ex conseller de Presidencia Jordi Turull y Neus Munté. Así, también han sido desestimados otros seis ex cargos y en el acta de liquidación provisional facilitada este martes a las defensas figuran un total de 34 nombres.