MADRID, 19 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Unión de Criadores de Toros de Lidia, Antonio Bañuelos, ha instado a la alcaldesa de Gijón, Ana González a pedir perdón a sus ciudadanos por la "ridícula" excusa que ha empleado para prohibir las corridas de toros en la ciudad y avisa de que de no rectificar la entidad interpondrá contra la edil una denuncia por prevaricación.

"Es la excusa más ridícula que se puede buscar. Puede decir que no quiere toros", ha valorado Bañuelos en declaraciones realizadas en Antena 3 recogidas por Europa Press en las que ha destacado que anteriores denuncias similares contra alcaldes en otros puntos de España han terminado con un fallo a favor de la tauromaquia "en todos los casos".

Además, en su intervención ha explicado la regla por la que se nombran a las vacas y los toros en España y ha recordado que estos son notificados con antelación al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Bañuelos ha precisado que los nombres son heredados de sus madres tanto para las vacas como los toros por varias generaciones. "Feminista puede ser la madre de la vacas Activista, Emprendedora, Colaboradora y de todos llamados Activista, Emprendedor, Colaborador", ha puesto como ejemplo, para denunciar el "desconocimiento enorme" que existe sobre esta cuestión.

Respecto a 'Nigeriano' ha añadido que puede ser la madre de Etíope, Argelino, o Marroquí, que "se habrán lidiado en los últimos 50 años".

A su juicio, de "todos" los ataques que ha sufrido la tauromaquia "esta es la más grave, pero la más ridícula" porque, en su opinión, una alcaldesa que representa a los habitantes de su ciudad no puede tomar una decisión así por que le guste o no el nombre de los toros.

De ese modo, ha anunciado que la Unión de Criadores espera que la alcaldesa de Gijón, Ana González, pida "disculpas y perdón" a todos los habitantes a quienes "no les interesa si a la edil le gusta el nombre de los toros o no".

Por último, ha defendido que la tauromaquia es un actividad legal, que defiende la España vaciada, que es la que ocupan las ganaderías que protegen 500.000 hectáreas de alto valor natural, que se trata de un bien cultural inmaterial declarado así por el Parlamento que aporta valor al ecosistema, fija población rural y donde la mujer en el campo está implicada.