Madrid, 23 feb (EFE).- La Comisión de Industria, Comercio y Turismo ha rechazado este miércoles una Proposición No de Ley (PNL) sobre la evaluación del impacto estratégico de las políticas climáticas del Gobierno sobre la industria, presentada por el Grupo Parlamentario Popular (GP), con 19 votos en contra, 11 a favor y 6 abstenciones.

El diputado del GP Diego Gago ha apuntado durante su intervención que “la transición ecológica y energética en nuestro país se inició con la ratificación del Acuerdo de París, con el Pacto Verde Europeo y con los Fondos Europeos Next Generation, que casualmente son en ambos casos liderados por el PP tanto en España en su momento como ahora en Europa”.

Gago ha manifestado que el Ministerio de Transición Justa y el repetido “mantra” del Gobierno de que nadie se queda atrás es una cuestión que “sinceramente ya nadie se la cree y le duele a las decenas de miles de afectados en este proceso de transición ideologizado de un Gobierno bipartito socialista y comunista”.

“Hay una evidente falta de acierto a la hora de poner en marcha las políticas para proteger la industria española y una falta de análisis de estudio de impacto de estas políticas, y de las que estas tienen en el sector empresarial y en el resto de sectores afectados”, ha agregado.

EVALUACIÓN DEL IMPACTO ESTRATÉGICO DE LAS POLÍTICAS CLIMÁTICAS EN INDUSTRIA

Por ello, el GP propone la “necesaria urgencia” de evaluar el impacto estratégico que las políticas climáticas de este Gobierno tienen sobre la industria española.

Este grupo parlamentario ha planteado la presentación de un estudio y la evaluación del impacto tanto en la Ley de Cambio Climático y Transición Energética como del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, que debe acompañarse del “contenido íntegro de un modelo cuantitativo y una metodología que dé soporte a estos dos marcos legislativos”.

Según Gago, “entendemos necesario incorporar dicho estudio de impacto estratégico a la estrategia nacional de la industria española 2030, a las agendas sectoriales y a los planes sectoriales de los sectores industriales aprobados hasta la fecha”.

Germán Renau, diputado del Grupo Parlamentario Socialista (GS), ha indicado que “es curioso escuchar al Partido Popular hablar de retrasos en leyes que ellos mismos deberían haber sacado adelante hace años”.

MÁS DE 50 INICIATIVAS EN TRANSICIÓN ENERGÉTICA Y CAMBIO CLIMÁTICO

Para Renau, el Congreso instó al Gobierno de Mariano Rajoy en su momento a presentar una ley de cambio climático en 2011 y la estuvo prometiendo desde 2015 hasta 2018 cuando el GP presentó una proposición de ley que, por cierto, “ni siquiera planteaba la neutralidad climática en 2050”.

“Las más de 50 iniciativas puestas en marcha por el Gobierno en este ámbito de la transición energética y el cambio climático han servido para devolver a España a la vanguardia de las políticas climáticas y preparar al país para una transición energética que es absolutamente ineludible”, ha recordado Renau.

El diputado del Grupo Parlamentario Mixto (GMx) Isidro Manuel Martínez ha manifestado que se trata de una “propuesta inteligente” y que España “no puede permanecer al albur de las decisiones climáticas de un Gobierno que prometió bajar el precio de la luz y que tiene a los españoles asfixiados en industria”.

UNA POSICIÓN “COMPLETAMENTE CORTOPLACISTA”

El diputado del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común (GCUP-EC-GC), Antonio Gómez-Reino, ha declarado que la contraposición que hace el GP entre economía y sostenibilidad ecológica, además de políticamente “poco eficiente y operativa”, es una posición “completamente cortoplacista”.

Y, además, desatiende lo que está indicando ya no sólo este grupo parlamentario o este Gobierno, sino la propia comisión y la Unión Europea, que es “la necesidad de una transición ecológica inaplazable y que los futuros proyectos industriales también van a ir en esa línea”.

Mireia Borrás, diputada del Grupo Parlamentario VOX (GVOX), ha afirmado que las políticas climáticas apoyadas por todos los partidos de esta Cámara, salvo VOX, “deslocalizan y empobrecen el sector industrial español con un caos regulatorio”, que “perjudica profundamente al tejido industrial español y también a las potenciales inversiones estratégicas que pudieran realizarse en nuestro país”. EFE

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