MADRID, 9 (EUROPA PRESS)

La Comisión de Seguimiento de Disposiciones y Actos de las Comunidades Autónomas, dependiente del Ministerio de Política Territorial y Función Pública, previsiblemente pedirá informes la próxima semana a varios ministerios sobre el fondo de 10 millones de euros creado por el Gobierno catalán para pagar fianzas impuestas por el Tribunal de Cuentas a sus exaltos cargos.

Según fuentes del Gobierno consultadas por Europa Press, esta Comisión está analizando desde el miércoles el decreto ley aprobado por el Ejecutivo catalán con el fin de avalar las multas de 5,4 millones de euros impuestas de manera preventiva a 34 exaltos cargos del Govern por los gastos en los que incurrió el Diplocat y que podrían exceder sus funciones.

Esta Comisión tiene como fin analizar de oficio todas las disposiciones y actos que realizan las autonomías para comprobar que se ajustan a la legalidad. El procedimiento habitual es, tras realizar un análisis inicial, solicitar informes a los Ministerios que pueden resultar afectados por la norma autonómica en cada caso.

En esta ocasión, es previsible, aunque no está cerrado, que puedan solicitar informes a los Ministerios de Hacienda, Economía y Justicia. De hecho, ayer mismo la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, aseguraba en los Desayunos Informativos de Europa Press, que el Ministerio de Política Territorial contaría con la asesoría de la Abogacía del Estado en el análisis de este decreto ley de creación del fondo.

Una vez que obtengan estos informes de los respectivos departamentos, esta Comisión emitiría su opinión y a partir de ahí, el Ministerio de Política Territorial tendría que adoptar las medidas que fueran necesarias si se da el caso.

Esta opinión es independiente de la que pueda emitir el Consejo catalán de Garantías Estatutarias del Parlamento de Cataluña, al que el líder del PSC Salvador Illa pedirá un dictámen para "aclarar" si el citado fondo para fianzas "se ajusta a la legalidad", según ha anunciado el propio Illa esta mañana en una entrevista.

"Si es legal no tenemos ningún inconveniente en convalidarlo" en el Parlament, ha afirmado Illa, quien ha recordado que el Gobierno central también está comprobando si se ajusta a la legalidad.