MADRID, 6 (EUROPA PRESS)

El Grupo Parlamentario de Ciudadanos (Cs) ha registrado una iniciativa parlamentaria en la que cuestiona al Gobierno sobre la modificación de la Secretaría General Instituciones Penitenciarias, dependiente del Ministerio del Interior, para que las sanciones en trámite por mala conducta no sean automáticamente el requisito, sin ponderarlo con otros elementos, a la hora de denegar permisos de salida.

El diputado de Cs Miguel Ángel Gutiérrez Vivas ha presentado la pregunta para la que solicita respuesta por escrito respecto a la modificación que, ha asegurado la formación, entiende que se realiza de acuerdo a la jurisprudencia del Tribunal Supremo, según una sentencia de 2019.

No obstante, Cs considera que el Gobierno "ha perdido la oportunidad de regular con más detalles cuáles serán los requisitos a considerar en el análisis previo al estudio de una solicitud de permiso, con el fin de adaptarlo a las exigencias jurisprudenciales, por supuesto, pero manteniendo las máximas garantías y sin el menor menoscabo en la protección de la seguridad ciudadana".

En este sentido, ha recordado que "faltas muy graves" pueden ser, entre otras, la participación en motines, la comisión de agresiones, amenazas o coacciones, y "faltas graves", la desobediencia de instrucciones, el maltrato a otros reclusos o la posesión de objetos prohibidos.

"Todas estas acciones definen objetivamente el comportamiento de una persona potencialmente peligrosa, por lo que el hecho de que la comisión de este tipo de faltas ya no sea obstáculo ninguno para definir las posibilidades de los presos de obtener permisos ordinarios de salida, nos parece un hecho enormemente significativo", ha avisado Cs.

Asimismo, el partido ha manifestado su "sorpresa" por la llegada de la modificación casi tres años después de la sentencia del Supremo, por lo que no ve "descartable que el Gobierno haya preparado ahora una modificación que sirve a sus intereses partidistas e ideológicos de "vaciado de prisiones".

De este modo, Cs ha acusado al Ejecutivo de llevar a cabo esta decisión "en línea con los más de 20.000 terceros grados concedidos por el Ministerio del Interior desde que (el ministro, Fernando) Grande-Marlaska asumiera dicha cartera", y en línea, también, con los objetivos manifestados por el secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz, de "incrementar el número de presos en régimen de semilibertad o tercer grado".

Por todo ello, el partido ha demandado conocer los criterios que deberán valorarse en las solicitudes de permiso de salida con carácter previo al análisis de las juntas de tratamiento y ha preguntado el motivo de que la modificación se haya producido ahora.