MADRID, 11 (EUROPA PRESS)

La Asociación de Diplomáticos Españoles (ADE) ha expresado este miércoles su "confianza en la Justicia" tras conocer que Camilo Villarino, que fue jefe de gabinete de la ya exministra de Exteriores Arancha González Laya, ha sido citado a declarar como imputado en el caso de la entrada en España del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, insistiendo en que es un "funcionario ejemplar".

El titular del Juzgado de Instrucción número 7 de Zaragoza, Rafael Lasala, ha citado a declarar como imputado a Villarino, que también fue jefe de gabinete de Alfonso Dastis y Josep Borrell, el próximo 1 de septiembre, según ha confirmado a Europa Press el abogado de la acusación particular, Antonio Urdiales.

En declaraciones a Europa Press, la Junta Directiva de ADE ha expresado su "confianza en la Justicia, así como en el Ministerio de Asuntos Exteriores y en la Abogacía del Estado" respecto a este caso, y sobre todo en Villarino, "un funcionario ejemplar". "Esperamos este asunto termine pronto y se resuelva satisfactoriamente", han confiado desde la principal asociación de diplomáticos.

La ADE ya había emitido el pasado 28 de julio un comunicado en defensa de Villarino, esgrimiendo que su actuación el pasado 18 de abril, cuando Ghali llegó a España, se produjo "en el marco de sus funciones, de acuerdo con las instrucciones recibidas y los procedimientos establecidos".

En este sentido, expresó su certeza de que el Ministerio, que ahora dirige José Manuel Albares, y la Abogacía del Estado llevarían a cabo "una defensa firme en el plano judicial de la integridad profesional" de Villarino, destacando "su meritoria y dedicada trayectoria como funcionario diplomático que le ha hecho acreedor de una impecablereputación".

Ghali llegó a España el pasado 18 de abril por razones humanitarias, según explicó el Gobierno, para recibir tratamiento contra la COVID-19 en un hospital de Logroño, lo que desató una crisis diplomática con Marruecos, que no fue avisado de antemano de este gesto.

Posteriormente se ha sabido que el líder del Polisario no fue sometido a ningún control de identidad ni a su entrada ni a su salida del país, de ahí que el juez Lasala esté tratando de aclarar si ha habido un posible encubrimiento o prevaricación en la gestión de su paso por España, de donde salió rumbo a Argelia el pasado 1 de junio.