MADRID, 23 (EUROPA PRESS)

Amnistía Internacional valora positivamente el Anteproyecto de Ley de Libertad Sexual que se está tramitando ahora en el Congreso de los Diputados aunque avisa de que hay "margen de mejora" y propone incluir en la consulta sobre el proyecto de ley a colectivos vulnerables como las trabajadoras sexuales y "pulir" la tipificación del delito de agresión sexual "sin ambigüedades interpretativas".

"Todavía en el proceso parlamentario existe margen de mejora para impulsar cambios que consoliden criterios igualitarios de interpretación para garantizar la seguridad jurídica; eliminar las posibles disparidades en cuanto a la atención y protección a las víctimas en todo el Estado; abrir el proceso de consultas a colectivos vulnerables como el de las trabajadoras sexuales que con el texto, tal y como está, puede ver aumentada su vulnerabilidad a abusos", plantea la responsable de política interior de Amnistía Internacional España, Virginia Álvarez.

En esta línea, la organización apoya el procesamiento penal de terceros relacionados con la industria del sexo por abusos, coacción o violencia, así como la penalización del trabajo forzoso y de la trata de personas para el comercio sexual, pero advierte de una "indeterminación" en la definición de explotación sexual en el texto, "que va más allá de la prostitución forzada, puede llevar a la penalización de mujeres que ejercen la prostitución por voluntad propia".

También pide una reforma del Código Penal en la que se tipifique como tortura la violencia sexual cometida por o con aquiescencia de agentes estatales, tal y como recomienda el Comité contra la Tortura.

Asimismo, sugiere introducir algunos cambios para que se "garantice una correcta interrelación con las otras leyes que abordan todo tipo de violencias, como la Ley de Violencia de Género, o la Ley de Protección a la Infancia y a la Adolescencia frente a la Violencia y evitar así incoherencias o solapamientos".

En todo caso, Amnistía Internacional destaca que el anteproyecto introduce "avances relevantes" que "suponen un cambio de paradigma para la protección de las víctimas" como "el consentimiento en el centro de la ley, el compromiso con la creación de centros de crisis para la atención a las víctimas de violencia sexual en todas las Comunidades Autónomas, la formación de funcionarios con enfoque de género y el reconocimiento del derecho a reparación de las víctimas".

"Tres años después de que Amnistía Internacional sacara a la luz, entre otros aspectos, la falta de recursos para las víctimas de violencia sexual y la desigual atención que éstas recibían en las distintas Comunidades Autónomas; sobre la mesa tenemos un Anteproyecto de ley que incluye algunas de las principales peticiones de la organización sobre prevención, detección, investigación, sanción y reparación de este tipo de violencia", ha subrayado Álvarez.

Es positivo, al ONG también ha remarcado el reconocimiento expreso de igualdad de derechos de las víctimas extranjeras en situación administrativa irregular. Si bien, ha advertido de que su permanencia en España seguirá supeditada a que exista una sentencia que establezca que se ha producido una situación de violencia sexual.

"Recordamos que, a día de hoy, existe un gran número de sobreseimientos en casos de violencia de género y violencia sexual por tratarse de delitos que no siempre son fáciles de acreditar y enfrentarse a falta de diligencia en la investigación. Nos preocupa que las víctimas, decidan denunciar o no, y pese a la dotación de recursos y apoyo, puedan enfrentarse a un expediente de expulsión en caso de un sobreseimiento del caso o de una sentencia negativa. Esto las podría poner en una situación de mayor vulnerabilidad", ha alertado Álvarez.