Túnez, 5 ene (EFE).- Un total de 19 figuras políticas tunecinas, entre ellas el exmandatario Moncef Marzouki y el presidente del ahora suspendido Parlamento, Rached Ghannouchi, deberán enfrentarse a la justicia por presuntos "delitos electorales", informó este miércoles una corte de Túnez.

Según la sala correccional del Tribunal de Primera Instancia de Túnez, la Fiscalía general hizo esta petición después de que el Tribunal de Cuentas concluyera la existencia de publicidad política ilegal a través de redes sociales y violación de la jornada de silencio electoral en los últimos comicios presidenciales y legislativos de 2019.

Entre los investigados, en su mayoría candidatos a la presidencia y que representan la mayoría de formaciones políticas, se encuentra el líder del partido "Corazón de Túnez"- segunda fuerza parlamentaria-, Nabil Karoui, el exministro de Empleo y Sanidad Saïd Aïdi, así como los exjefes de Gobierno Youssef Chahed, Ilyes Fakhfakh, Mehdi Jomaa y Hamadi Jebali.

El partido "Viva Túnez", fundado por Chahed y que contaba con 10 de los 217 escaños, reaccionó poco después en un comunicado defendiendo que "las sospechas de publicidad política no constituyen un delito electoral a diferencia de la financiación extranjera".

Tras decretar el Estado de excepción el pasado 25 de julio-que incluyó el cese del primer ministro y la suspensión de la Asamblea de manera indefinida-, el presidente de Túnez, Kais Said, ha congelado la casi totalidad de la Constitución de 2014 y se ha hecho con plenos poderes con el fin de "recuperar la paz social".

Una decisión que ha sido calificada por la mayoría de partidos políticos como "golpe de Estado", mientras otros consideran que se trata de una "rectificación" de la revolución de 2011 que puso fin a las dos décadas del régimen autócrata de Zine El Abidine Ben Ali.

Desde entonces, la Justicia ha abierto numerosas investigaciones y ha adoptado medidas cautelares -arrestos domiciliarios y prohibición de abandonar el país- contra magistrados, hombres de negocios y diputados por supuestos casos de corrupción y otros ligados a la libertad de expresión, lo que ha desatado la preocupación de organizaciones de defensa de los derechos humanos. EFE

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