El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez ha concluido sus vacaciones en La Mareta y ha comenzado a preparar el Consejo de Ministros del próximo martes con lo que se da el pistoletazo de salida a un nuevo periodo político que no va a defraudar las expectativas dado los asuntos pendientes, desde la mesa de diálogo entre el Gobierno y la Generalitat, la negociación de los Presupuestos Generales del Estado, y otros asuntos pendientes –eternamente- como la renovación de la financiación económica o la del Consejo General del Poder Judicial.

Pedro Sánchez y Pere Aragonès, como habían pactado, dejaron para septiembre la primera reunión de la mesa de diálogo sobre Cataluña, en la que el primero ha puesto todas sus esperanzas para normalizar las relaciones bajo la premisa del corsé constitucional, y el segundo para insistir en que la solución del conflicto catalán pasa por la amnistía y la autodeterminación. Esas posiciones de partida incompatibles no esconden la necesidad de ambos mandatarios de ganar tiempo, hasta un límite de dos años, para llegar a las elecciones generales y a la moción de confianza de mitad de mandato que pesa sobre el presidente catalán, quién, además, tiene por delante un camino sembrado de minas por sus propios socios de gobierno en el principado.

Para septiembre también quedó el reinicio de los contactos para la renovación del Consejo General del Poder Judicial que va camino de los tres años con el mandato prorrogado. El PP ha decidido que no va a dar vía libre arguyendo una supuesta defensa de la independencia del poder judicial, que tampoco esconde su deseo de seguir controlándolo por la vía de los hechos, por lo que lo más previsible es que se mantenga el bloqueo de las negociaciones.  ¿Habrá este año debate sobre el estado de la Nación? Al Gobierno se le acaban las excusas para no convocarlo. ¿Se iniciarán las negociaciones para culminar una reforma de la financiación autonómica pendiente desde hace varios años? Hay comunidades autónomas que ya no aguantan más infrafinanciadas.

Con una evolución económica que va camino de recuperar los niveles prepandemia, el Gobierno debe afrontar la negociación de los Presupuestos Generales del Estado, en primer lugar, con sus propios socios de Unidas Podemos, con el que se las tiene tiesas en distintos aspectos. Algunos están en vías de acuerdo como el Salario Mínimo Interprofesional, tras la aquiescencia de la ministra Calviño y pese a las consecuencias que puede tener en las negociaciones de otros aspectos relevantes para como la reforma de las pensiones y de la Seguridad Social. El acuerdo será más difícil en otras cuestiones como la ley de vivienda y la limitación de los alquileres. Estos son dos aspectos que son una muestra de las diferencias entre los dos socios del gobierno de coalición que se han acrecentado a lo largo de este mes con asuntos como la escalada del precio de la luz, o la repatriación de menores marroquíes desde Ceuta a su país, que han convertido al Gobierno en una jaula de grillos.

El reparto de los fondos europeos para la reconstrucción tras la pandemia se convertirá en otro motivo de una dura batalla política con la oposición, las comunidades autónomas y los ayuntamientos. Todas estas cuestiones pendientes se podrán enmarañar más o retrasar si en Andalucía se convocan elecciones anticipadas. Una posibilidad nada descartable.