CRISTINA SOBALER / SANTANDER

«En pleno siglo XXI, la administración publica se tiene que caraterizar por dos cosas, la transparencia y la eficiacia, como transparente y eficaz tiene que ser la gestión de los altos cargos del Gobierno». Con esta finalidad, el consejero de Presidencia y Justicia, Vicente Mediavilla, presentó el proyecto de ‘Ley de Conflictos de Intereses de miembros del Gobierno y altos cargos’, que, tras ser aprobado en el Consejo de Gobierno, se remitirá esta semana al Parlamento para su aprobación.

Esta normativa contempla por primera vez sanciones de hasta 10 años de inhabilitación e introduce novedades en las incompatibilidades de los altos cargos, como la prohibición permanente, con posterioridad al cese, de desarrollar actividades relacionadas con los expedientes en cuya resolución haya intervenido directamente el alto cargo. Además, durante los dos años posteriores al abandono del puesto, tampoco podrán suscribir ningún contrato de asistencia pública o de servicios con la administración ni con los organismos donde hayan prestado servicio. Esta restricción atañe tanto a la persona como a las empresas o sociedades donde el alto cargo tenga una participación superior al 10%.

La Inspección General de Servicios de la Consejería de Presidencia será la encargada de controlar con conflictos de intereses, es decir, las situaciones en las que «los altos cargos intervienen en decisiones relacionadas con asuntos en los que confluyen intereses de su puesto público con intereses propios, familiares o intereses compartidos con terceras personas», señaló Mediavilla.

El consejero destacó que todos los altos cargos tienen que basar su actividad pública en una serie de principios éticos como «la dedicación exclusiva al cargo (salvo las compatibilidades con los cargos de diputados, concejales y representación de entidades públicas), la dedicación estratégica y exclusiva a los intereses generales por encima de los propios, la transparencia patrimonial, el respeto de la adjudicación de los contratos y la imparcialidad en la toma de decisiones».

Por último, Mediavilla confió en que una ley «tan novedosa a nivel nacional» y «estricta» con el cumplimiento del cargo, sea aprobada «por consenso» en el Parlamento.