La Audiencia Nacional juzga desde este lunes a un matrimonio radicado en España que en septiembre de 2015 se llevó a su hija de año y medio de edad a Gambia para que fuera sometida a una mutilación genital de forma clandestina.

La Fiscalía pide condenas de diez años de prisión y otros tantos de inhabilitación para el ejercicio de la patria potestad para Yusupha D.D. y para su esposa Fatou J.D. por sendos delitos de mutilación genital, tipificados en el artículo 149.2 del Código Penal, con la agravante de parentesco.

El ministerio público considera probado que los procesados viajaron en septiembre de 2015 a Gambia con dos de sus hijas y dejaron a la pequeña con abuela materna antes de regresar a España

Allí, pidieron a un familiar que sometiera a la menor a una mutilación genital de grado III, consistente en la extirpación total del clítoris y de los labios mayores y menores. La ablación se le practicó de forma clandestina en fecha no precisada del mes de septiembre de 2015, fuera de un establecimiento sanitario.

Lo detectaron los servicios sociales del Cap Mutua de Rubí, en Barcelona, seis años después, en septiembre de 2021, durante una revisión pediátrica a la niña, e inmediatamente dieron aviso a los Mossos.

Las lesiones fueron certificadas por dos médicos forenses adscritos al Instituto de Medicina Legal de Barcelona en un informe en el que dejaron constancia de las importantes consecuencias que dejan este tipo de procedimientos tanto desde el punto de vista anatómico como desde el psicológico.

La Audiencia Nacional dictó en 2013 la primera condena por una ablación practicada fuera de España: dos años de prisión a una madre, originaria de Senegal, por someter a su hija a una mutilación genital en su país.

La agresión fue detectada en una revisión médica a la niña en Cataluña, cuando la mujer y sus hijos llegaron a España en 2010 para reencontrarse con el marido.

La Fiscalía había pedido que fuera castigada con 7 años, pero la Audiencia rebajó la pena al entender que la madre desconocía que la ablación fuera delito en España. Al ser informada durante la revisión médica de que su hija había sido mutilada reaccionó con "total normalidad, con indiferencia y sin sorpresa".

Antes de esa resolución, la Audiencia de Teruel había condenado a unos padres originarios de Gambia por someter a su hija de ocho meses a una mutilación genital cuando residían ya en España.