Según documentos de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) de la Agencia Tributaria, en enero de 2022, el Ministerio de Hacienda dirigido por María Jesús Montero estaba investigando posibles irregularidades en los contratos de emergencia firmados por el Ministerio del Interior y ADIF con empresas relacionadas con la trama Koldo para la compra de material sanitario durante la crisis del COVID-19. Esto ocurrió dos meses antes de que el diputado Alfonso Serrano del Partido Popular denunciara el caso ante la Fiscalía Anticorrupción el 10 de marzo de 2022.

La investigación de Hacienda se centraba en la relación comercial entre el Ministerio del Interior, ADIF y varias empresas vinculadas a la trama Koldo, presuntamente corrupta. Se solicitó información detallada sobre las decisiones de contratación y adjudicación, así como sobre los posibles beneficios que estas empresas pudieron obtener de los contratos. Además, se investigó si estas empresas tenían experiencia previa en el sector de equipos de protección individual sanitario y cuál fue el motivo de su elección como proveedores.

Estos requerimientos de información se realizaron antes de que se iniciara la denominada Operación Delorme dirigida por la Fiscalía Anticorrupción. Resulta llamativo que estas actuaciones de Hacienda no hayan trascendido a la luz pública, especialmente en medio de la polémica sobre las supuestas filtraciones de información confidencial por parte de la titular de Hacienda relacionadas con otras investigaciones fiscales.

La investigación judicial sobre este caso ha llevado a la constitución de una comisión de investigación en el Congreso, impulsada por el PSOE y aprobada recientemente. Esta comisión tiene como objetivo examinar los contratos de material anticovid de la Administración General del Estado, incluidos los contratos relacionados con la trama Koldo, y revisar los procedimientos de contratación para evitar irregularidades en el futuro. Sin embargo, según los documentos de Hacienda, los socialistas ya tenían conocimiento de estas posibles irregularidades antes de la apertura de la investigación judicial.