La Generalitat ha revelado que existe un plan B contemplado por el Gobierno de Pedro Sánchez para aquellos implicados en el ‘procés’ que no queden amparados por la Ley de Amnistía. Según Carles Campuzano, conseller de Derechos Sociales, esta alternativa consistiría en otorgar indultos a los individuos afectados que la ley no consiga proteger tras su implementación judicial.

La posibilidad de un indulto surge como un recurso ante la imposibilidad de garantizar una cobertura total bajo la Ley de Amnistía, dada la inherente sujeción de las leyes al escrutinio y aplicación por parte del poder judicial. Campuzano ha expresado que el objetivo principal de la ley actual es resolver la situación de la mayoría de los ciudadanos afectados por represiones, criticando a Junts por su postura contraria a la amnistía propuesta y acusándolos de falta de responsabilidad y previsibilidad.

Por su parte, Junts, liderado por Carles Puigdemont, sostiene que la ley debería extenderse para incluir todos los delitos relacionados con el terrorismo y la traición, asegurando así que ningún caso, incluido el de Puigdemont con sus implicaciones en las investigaciones de Tsunami y la trama rusa, quede sin amparo.

Toni Comín, eurodiputado de Junts, ha insistido en la necesidad de encontrar una "fórmula" que concilie las exigencias de ambas partes y permita una ley de amnistía que sea constitucional y abarcadora. Asegura que es posible alcanzar un acuerdo que no deje a nadie fuera, reflejando un compromiso mutuo para trabajar hasta hallar dicha solución.

En el contexto de las negociaciones sobre la ley de amnistía y los presupuestos generales del Estado, Oriol Junqueras, líder de ERC, ha indicado que la aprobación de los presupuestos se ve complicada sin un consenso sobre la amnistía. Subraya la importancia de la responsabilidad política y advierte que un voto en contra de Junts podría ser un gran error.

Junqueras defiende que no ha habido actos de terrorismo en Cataluña que justifiquen la inclusión de este delito en la ley, argumentando que añadir ciertos conceptos podría comprometer la viabilidad legal de la normativa ante posibles revisiones del Tribunal Constitucional o en el ámbito europeo.

La discusión sobre la Ley de Amnistía y los posibles indultos subraya la complejidad y la tensión política en el proceso de reconciliación post-‘procés’. Mientras el Gobierno busca soluciones legales viables, las demandas de Junts y las precauciones de ERC revelan el delicado equilibrio que se debe manejar para alcanzar una solución justa y efectiva que satisfaga a todas las partes involucradas.