El Partido Popular ha tomado medidas en respuesta al archivo de su denuncia contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por presunta falta de inhibición en decisiones relacionadas con Air Europa. Tras el dictamen de la Oficina de Conflicto de Intereses, que desestimó sus reclamos, el PP ha dado un paso más en su estrategia legal.

El foco se centra en las reuniones del Consejo de Ministros del 3 de noviembre de 2020 y del 16 de marzo de 2021, en las que se tomaron decisiones que beneficiaron a la aerolínea Air Europa, empresa vinculada económicamente y profesionalmente a la esposa de Sánchez, Begoña Gómez. La acusación del PP, según EP, radica en la supuesta omisión de Sánchez en inhibirse de dichas deliberaciones, dado el conflicto de intereses evidente.

El recurso de alzada presentado por el Partido Popular ante la Secretaría de Estado de Función Pública, como superior jerárquico de la Oficina de Conflicto de Intereses, busca revocar la decisión de archivo y exigir una investigación más exhaustiva. Argumentan que la OCI no llevó a cabo las diligencias necesarias, según lo estipulado en la Ley 3/2015, para determinar la veracidad de las acusaciones.

Las fuentes del PP han dejado claro que, de no prosperar este recurso, considerarán llevar el caso a la vía contencioso-administrativa, recurriendo al Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Esta medida evidencia la determinación del partido en buscar el esclarecimiento de los hechos y, en última instancia, la rendición de cuentas por parte del presidente del Gobierno, según publica EP.

La postura del Partido Popular se mantiene firme, sin ceder ante la reciente carta de Pedro Sánchez anunciando una pausa para reflexionar sobre su continuidad en el cargo. Esta decisión del presidente no ha alterado la estrategia trazada por el PP hace un mes, cuando anticiparon su intención de impugnar el archivo de la denuncia.

Las críticas del PP hacia la gestión de Pedro Sánchez no se limitan al ámbito legal, sino que abarcan su actuación política en su conjunto. Se ha cuestionado el "tacticismo electoral" detrás de la carta de Sánchez, argumentando que los problemas legales del presidente no se resolverán con meras declaraciones o pausas temporales.

Desde el Partido Popular se insiste en la necesidad de transparencia y responsabilidad por parte de las autoridades gubernamentales. La continuidad de las investigaciones judiciales y la determinación del PP en seguir adelante con sus acciones legales y parlamentarias subrayan el compromiso del partido con la rendición de cuentas y el respeto al Estado de Derecho.

En última instancia, el conflicto entre el Partido Popular y el presidente Pedro Sánchez refleja tensiones más amplias dentro del panorama político español. Más allá de las disputas partidistas, se evidencia un debate sobre la ética en el ejercicio del poder y la responsabilidad de los líderes políticos frente a posibles conflictos de intereses.