En un momento en el que la transparencia institucional se ha convertido en una demanda constante de la sociedad, la Casa del Rey y el Gobierno de Pedro Sánchez representan dos modelos diametralmente opuestos en cuanto a la rendición de cuentas se refiere. Mientras la Casa Real ofrece un amplio acceso público a sus cuentas, actividades y relaciones, el Gobierno bajo el mando de Sánchez ha sido objeto de críticas debido a su opacidad y a la negativa de cumplir con las normas de transparencia.

El modelo de transparencia de la Casa Real

La Casa Real ha adoptado un enfoque proactivo en la publicación de su información financiera, siguiendo el espíritu de las normativas modernas sobre transparencia gubernamental. Cada año, el organismo da a conocer el presupuesto de la Jefatura del Estado con un nivel de detalle que incluye capítulos y subcapítulos. Además, ofrece un informe trimestral sobre la ejecución presupuestaria, haciendo públicos todos los contratos, convenios y adquisiciones, detallando si han sido formalizados, prorrogados, modificados o cancelados.

El nivel de apertura que proporciona la Casa Real no se limita a las cifras económicas. La institución también publica un listado completo de los regalos institucionales que recibe anualmente, así como las remuneraciones de los altos cargos que trabajan en la Zarzuela. El propósito es ofrecer claridad respecto al uso de los recursos públicos y generar confianza en una institución que desempeña un papel central en el Estado español.

Este compromiso con la transparencia se refuerza aún más con la práctica de someterse voluntariamente a auditorías externas, a pesar de que la Constitución otorga al Rey autonomía para distribuir libremente el presupuesto asignado por el Estado. Hasta 2022, las auditorías externas eran llevadas a cabo por la Intervención General de la Administración del Estado, pero desde 2023 se encargó al Tribunal de Cuentas. Los resultados de estas auditorías se publican anualmente, contribuyendo a la imagen de transparencia de la institución.

El Gobierno de Sánchez y su enfoque en la opacidad

Por otro lado, el Gobierno encabezado por Pedro Sánchez ha sido objeto de críticas recurrentes debido a la falta de claridad en cuanto a sus actividades y el uso de los recursos públicos. Durante cinco años y medio, Sánchez ha mantenido en secreto información relativa a los viajes que realiza, el uso de los aviones oficiales y su estancia en palacios públicos como el Palacio de las Marismillas en Doñana, y La Mareta, en Lanzarote. Además, ha rechazado desvelar quién lo acompaña durante estos desplazamientos, ni tampoco ha revelado el costo asociado con sus cenas presidenciales europeas.

El secretismo también alcanza al listado de regalos que ha recibido el presidente durante este tiempo. Mientras que la Casa Real publica anualmente el inventario de los obsequios que recibe, Sánchez ha optado por no hacerlo, declarando que solo lo hará público una vez que haya dejado su cargo. Esta política de retención de información ha generado una serie de recursos y resoluciones en el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, que ha fallado a favor de la divulgación de esta información. Sin embargo, el presidente ha ignorado dichas resoluciones, generando acusaciones de rebeldía y una negativa a respetar la ley.

El abogado Guillermo Rocafort ha llevado este caso ante la Audiencia Nacional después de que las solicitudes para obtener información sobre los regalos fueran rechazadas por la Presidencia del Gobierno. Rocafort espera que la intervención judicial obligue a Sánchez a revelar los datos que la Casa Real proporciona de manera voluntaria.

Además, el Gobierno de Sánchez ha rechazado desvelar los detalles financieros de sus viajes y vacaciones, incluido el número de personas que lo acompañan y el costo total de sus desplazamientos. Esta resistencia ha generado preguntas sobre el uso personalista de los recursos públicos, tal como lo señaló Julio Naranjo, director general de ITCD, una firma especializada en Derecho de Acceso a la Información Pública y Transparencia. Según Naranjo, el enfoque del presidente contrasta claramente con la actitud de la Casa Real, que sigue la normativa de transparencia con una coherencia que es fácilmente comprensible para cualquier persona.

Un contraste marcado entre transparencia y opacidad

El contraste entre el Gobierno de Sánchez y la Casa Real en cuanto a transparencia es notorio. Mientras la institución monárquica ha establecido un estándar claro, siguiendo prácticas modernas de gestión pública y proporcionando información financiera detallada, el Gobierno ha optado por un enfoque más cerrado y reticente a la rendición de cuentas. Esta disparidad se ha convertido en un tema de debate en los medios de comunicación y en la sociedad en general.

La Casa Real ha tomado medidas adicionales para fortalecer su compromiso con la transparencia. Aunque la Constitución le otorga plena autonomía para distribuir su presupuesto, el Rey Felipe VI decidió someter las cuentas de la institución a auditorías externas. Esta medida ha sido aplaudida por expertos en transparencia y ha sentado un precedente positivo para otras instituciones. Las auditorías realizadas por el Tribunal de Cuentas refuerzan la idea de una monarquía moderna que responde a las demandas de la sociedad.

Por otro lado, la negativa de Sánchez a cumplir con las resoluciones del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno ha generado un ambiente de desconfianza y escepticismo. Su negativa a revelar detalles sobre sus desplazamientos y acompañantes ha llevado a comparaciones con gobiernos autoritarios, en los que el uso de los recursos públicos se hace desde un enfoque personalista. El abogado Rocafort ha descrito esta actitud como un ejemplo de oscurantismo que no es propio de una democracia moderna.

El papel del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno

El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno ha sido una de las instituciones más activas en la búsqueda de mayor claridad en el Gobierno. Establecido para fomentar la transparencia y la rendición de cuentas en las instituciones públicas, el Consejo ha emitido varias resoluciones exigiendo que el presidente del Gobierno revele información sobre sus viajes, acompañantes y uso de recursos públicos.

Sin embargo, el Gobierno de Sánchez ha sido reticente a seguir estas recomendaciones, argumentando que la divulgación de ciertos detalles podría poner en riesgo la seguridad nacional. Esto ha provocado una serie de litigios que han llegado hasta la Audiencia Nacional. El caso presentado por Rocafort busca precisamente que el tribunal obligue a Sánchez a cumplir con lo que el Consejo ha exigido en sus resoluciones.