En un contexto marcado por las complejas negociaciones entre el Gobierno central y los partidos independentistas para la aprobación de la ley de amnistía, un nuevo episodio ha suscitado gran controversia en el seno del Parlament de Cataluña. Este martes, la Mesa de la Cámara Baja catalana ha decidido admitir a trámite una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) presentada por Solidaritat Catalana per la Independència, fechada el pasado 2 de febrero, que aboga por la declaración de independencia de Cataluña.

La aceptación de esta iniciativa ha generado tensiones y disensiones entre los diferentes partidos representados en la Mesa. Con el voto a favor de los miembros de Junts y la CUP, la ILP ha logrado avanzar, a pesar de la abstención de la representante de ERC y la oposición decidida de los dos representantes del PSC. No obstante, esta aprobación no estuvo exenta de amenazas por parte de Vox y Ciudadanos, quienes advirtieron con utilizar "todos los medios legales" y llevar a los tribunales a los miembros de la Mesa del Parlament si continuaban con la tramitación de la iniciativa independentista.

El respaldo a la ILP se produce incluso a pesar de la objeción de los letrados de la Cámara, quienes han presentado un informe señalando que la iniciativa "no cumple condiciones" establecidas por la Ley de las ILP. Cabe destacar que este informe, aunque emitido de oficio en cada presentación de ILP, no tiene carácter vinculante. La Ley de las ILP establece criterios para inadmitir una iniciativa, incluyendo la competencia de la Generalitat sobre la materia, requisitos de documentación y la prohibición de presentar iniciativas similares en la misma legislatura.

El contenido de la propuesta de Solidaritat Catalana per la Independència otorga al Govern la autorización para negociar el reconocimiento internacional de la declaración de independencia. Asimismo, establece la creación de una "asamblea de representantes de la nación catalana", que se constituirá tres meses después de su aprobación, con el propósito de trabajar para la proclamación de la independencia.

Ante este escenario, Ciudadanos ha anunciado medidas legales por prevaricación y desobediencia. El presidente de la formación, Carlos Carrizosa, ha expresado su intención de presentar un escrito de reconsideración ante la Mesa, y en caso de persistir la admisión a trámite, recurrirán al Tribunal Constitucional y a la jurisdicción penal por desobediencia y prevaricación. Carrizosa sostiene que el Fiscal General no actuará de oficio para evitar "estos atentados a la democracia".

En un comunicado, Ciudadanos denuncia la situación como "un nuevo capítulo negro" y critica la actuación de la Mesa del Parlament, la cual, según el partido, ha admitido a trámite una ILP para declarar la independencia de Cataluña con el respaldo de Junts, socio prioritario del Gobierno de Sánchez.

Este episodio revive anteriores rechazos de ILP independentistas por parte de la Mesa del Parlament en 2019 y 2022. Sin embargo, el proceso actual implica la comunicación de la admisión a trámite a la Comisión de control de las ILP, un órgano conformado por tres magistrados designados por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y tres catedráticos en derecho constitucional o ciencia política, así como tres juristas de reconocido prestigio nombrados por el Parlament.

La comisión promotora de la ILP deberá proporcionar toda la documentación requerida y los pliegos necesarios para la recopilación de 50.000 firmas en un plazo de 120 días hábiles. La Mesa del Parlament tiene la facultad de prorrogar este período por hasta 60 días hábiles en casos debidamente justificados. Tras la recopilación de firmas, se inicia el trámite parlamentario de la ILP como una proposición de ley.

Además de este polémico tema, la Mesa del Parlament rechazó la tramitación de una petición de Vox para debatir la gestión migratoria de la Generalitat. En paralelo, se recibió el decreto del Ejecutivo catalán para aumentar un 5.4% del Indicador de Renda de Suficiència de Cataluña (IRSC), destinado a personas en situación de pobreza y exclusión social. La Cámara catalana podrá validar este decreto hasta el 27 de marzo.

En otras cuestiones, el presidente de ERC en el Parlament, Josep Maria Jové, informó a la Mesa sobre la incomparecencia del exdirector del Gabinete de la Presidencia del Gobierno, Iván Redondo, en la Comisión de investigación sobre el espionaje a políticos independentistas con los programas Pegasus y Candiru. Según el artículo 68.3 del reglamento del Parlament, la Mesa deberá informar al Ministerio Fiscal si la persona convocada desatiende voluntariamente el requerimiento de comparecer ante una comisión de investigación.

Finalmente, el Parlament anunció la realización de una exposición el próximo 7 de marzo con motivo del Día de la Mujer, recopilando perfiles de mujeres destacadas en la construcción europea hasta el 15 de marzo.

Este nuevo capítulo en la política catalana promete generar intensos debates y marcadas tensiones, no solo en el ámbito regional sino también a nivel nacional, mientras los actores políticos continúan posicionándose y respondiendo a este giro en el proceso independentista catalán.