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El Diario de Cantabria

CATALUÑA

Un juez imputa a Narcís Serra por un agujero de 720 millones en la Caixa

Un juez imputa a Narcís Serra por un agujero de 720 millones en la Caixa

El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno investiga al expresidente de Catalunya Caixa Narcís Serra, al ex director general Adolf Todó y a otros trece altos cargos por presunta administración desleal que habría originado un agujero en la entidad de más de 720 millones de euros. El auto del titular del juzgado central de Instrucción n 2, Ismael Moreno, al que ha tenido acceso Efe y que ha adelantado «La Vanguardia», está fechado el pasado 1 de marzo, y responde a un escrito de la Fiscalía Anticorrupción, que inició las diligencias a instancias del FROB. El juez de instrucción ha dejado al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria la opción de ejecutar acciones civiles o penales en su calidad de entidad pública que compró la entidad. Entre los directivos investigados figura Antonio Llardén, vicepresidentes de la caja en 2007 y actual presidente de Enagás. Se trata de una serie de operaciones inmobiliarias efectuadas entre los años 2000 y 2013, en los que la caja entró con una participación de aproximadamente el 50 % junto con otros socios, y que posteriormente instrumentalizó a través de su filial Promotora Catalunya Mediterránea (PROCAM). En este sentido, el fiscal Fernando Maldonado distingue dos períodos, el primero entre 2000 y 2007, cuando se tomaron decisiones de inversión y de adquisición de compromisos económicos «relevantes», y entre 2008 y 2013, momento en el que ya se hizo patente la imposibilidad de desarrollar los proyectos. 

La Fiscalía señala que los órganos de gobierno de la entidad bancaria aprobaron intervenir en promociones inmobiliarias en España y también en Polonia y Portugal en las que se adquirían terrenos no urbanizables o incluso afectados por resoluciones legislativas que los calificaban de especial interés, lo que suponía «un riesgo en la inversión». La entidad habría adquirido inmuebles y «compromisos económicos relevantes» y habría concedido créditos «desproporcionados»; asimismo, la Fiscalía que lleva el caso ha detectado irregularidades en los pactos de separación de los socios de dichas participaciones empresariales.

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