En una junta de jueces y juezas de Instrucción celebrada en la Ciutat de la Justicia, los jueces de Instrucción de Barcelona han decidido mayoritariamente respaldar el comunicado suscrito por alrededor de ochenta jueces decanos, incluida la jueza decana de la capital catalana, Cristina Ferrando. Este comunicado expresa el desacuerdo con "las referencias al 'lawfare' o judicialización de la política" contenidas en el acuerdo de investidura entre el PSOE y Junts.

La votación, que contó con la participación de 24 de los 33 jueces de Instrucción de Barcelona, resultó en 21 votos a favor, uno en contra y dos abstenciones, según informó el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).

El comunicado, que fue respaldado la semana pasada por la jueza decana de Barcelona y sus colegas de todo el país, se suma a otro previo emitido por las asociaciones judiciales Asociación Profesional para la Magistratura (APM), Asociación Judicial Francisco de Vitoria, Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) y Foro Judicial Independiente.

En su declaración, los jueces decanos expresaron su oposición al concepto de 'lawfare' y respecto a la posibilidad de investigar posibles casos de judicialización de la política en comisión parlamentaria, argumentando que esto "podría suponer, en la práctica, someter a revisión parlamentaria los procedimientos y decisiones judiciales con evidente intromisión en la independencia judicial y quiebra de la separación de poderes".

El comunicado también destacó que los jueces deben estar sujetos solo al imperio de la ley, y criticó las expresiones del acuerdo de investidura que "traslucen alguna desconfianza en el funcionamiento del Poder Judicial, no son aceptables".

Además, el texto subraya que "el Poder Judicial en España es independiente, no actúa sometido a presiones políticas y dispone de un sistema de garantías jurisdiccionales que aparta el riesgo que se apunta". Este posicionamiento es ahora respaldado por los jueces de Instrucción de Barcelona.