El alcalde de Ibiza, el socialista Rafael Ruiz, ha sido citado a declarar por el Juzgado número 3 de Palma el próximo 21 de junio como investigado en el caso Puertos.

El próximo 21 de junio, un mes después de las elecciones autonómicas, deberá declarar en el marco de un proceso judicial en el que se trata de esclarecer el presunto amaño reiterado de concursos públicos para explotar negocios portuarios en Baleares durante las dos últimas legislaturas. Mandatos en los que, como ahora, los socialistas gobernaban el archipiélago junto a Unidas Podemos y los nacionalistas de Més.

La titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, Martina Mora, ha decidido finalmente citar en calidad de investigado a Ruiz a pesar de que la Fiscalía Anticorrupción propuso que su declaración se realizara como testigo.

Una de las empresas denunciantes del concurso, la entidad Club Deportivo Básico Doce Millas, reclamó su imputación. Y ahora la jueza, tras valorarlo durante días, ha decidido darle curso a esa petición e interrogar al primer edil ibicenco como investigado.

La magistrada considera que, con los indicios del sumario y las preguntas a las que se enfrentaría el alcalde de Ibiza, debe declarar como investigado, protegiendo sus garantías judiciales y su derecho a la defensa. "En aras a garantizar sus derechos constitucionales de defensa", establece la jueza en su resolución.

El auto de imputación refleja que "de las actas del consejo de administración y de las comunicaciones intervenidas" durante la investigación judicial se desprenden indicios de que "su actuación puede no haberse limitado a un acompañamiento impune a la decisión presuntamente prevaricadora y fraudulenta que se investiga".

La magistrada contempla que desde la acusación pueda plantearse alguna pregunta cuya respuesta derivara en una posible exigencia de responsabilidades penales de Ruiz. Y que, en consecuencia, no puede declarar bajo la figura del testigo. Una de las diferencias es que, como investigado, no está legalmente obligado a decir la verdad, y su declaración puede responder a una estrategia de defensa.

La jueza ha ponderado el efecto y las consecuencias "mediáticas" de la imputación de Ruiz, pero considera que debe primar la vertiente jurídica en su comparecencia. Y, por tanto, ha resuelto no citarle como testigo solo por evitar el efecto social o mediático que puede tener su imputación, especialmente cuando falta apenas un mes para las elecciones autonómicas del 28 de mayo.

LOS PINCHAZOS

La solicitud de imputación de Ruiz llega después de que la Guardia Civil interviniera, entre otras muchas, conversaciones telefónicas suyas y de otros políticos o cargos públicos vinculados al PSOE donde se planeaban movimientos entre bambalinas para que el concurso del Club Náutico de Ibiza y sus litigios posteriores se resolvieran en favor de sus concesionarios históricos.

Aquellas grabaciones del caso Puertos fueron desveladas por EL MUNDO el año pasado. Este diario ya publicó entonces los mensajes cruzados entre el ex presidente de la Autoridad Portuaria de Baleares, Joan Gual de Torrella, y la presidenta balear Francina Armengol, en los que abordaban la situación del club ibicenco, cuya concesión fue revocada por el Tribunal Superior de Justicia de Baleares en una decisión que criticaba duramente aquella resolución. "Joder, mala noticia", le llegaba a decir Armengol a Gual en sus mensajes, desvelados por este diario en junio de 2022.

Gual informó personalmente a Armengol sobre cómo querían solucionar el asunto del Club Náutico de Ibiza. "Lo arreglamos en el próximo Consejo de Administración", le escribió el ex cargo público a la presidenta autonómica en marzo de 2018.

En el marco de aquellas transacciones entre bastidores, incluso se aludía a la posibilidad de presionar al gobierno para lograr un cambio legisaltivo o una gestión a través del entonces ministro de Fomento del Gobierno del PSOE, José Luis Ábalos. "Con Ábalos lo podemos conseguir", le dijo Ruiz a su interlocutor, Gual, en mayo de 2020. "Francina ha hablado con él", le replicó el entonces dirigente de Puertos, principal investigado y quien, en sus declaraciones judiciales, ha negado cualquier irregularidad.

Tal y como desveló este diario, La Policía Judicial interceptó una conversación que mantuvieron Gual de Torrella y Ruiz el 23 de mayo de 2020 donde abordaron la necesidad de que el negocio del club náutico de Ibiza permaneciera en manos de los mismos concesionarios que lo habían venido explotando históricamente.

De esta manera querían contentar al lobby portuario y empresarial local, que goza de una gran capacidad de influencia política y social. Es lo que la Guardia Civil señaló en sus informes como «directrices políticas partidistas».

En este sentido, el ex presidente de los puertos de las Islas recalcó que «no hay una legislación que reconozca a los clubs» un derecho para mantener sus títulos concesionales sin que sean sometidos a la libre concurrencia. Ante lo cual, el primer edil ibicenco le comentó que con Ábalos podría conseguirse.