La vicepresidenta Teresa Ribera ha causado un terremoto político con sus declaraciones sobre el juez Manuel García-Castellón, encargado de la investigación del caso Tsunami. En una entrevista a La Hora de La 1 de TVE, Ribera ha lanzado duras acusaciones, afirmando que el juez "tiene querencia por pronunciarse en momentos políticos sensibles". Esta crítica apunta a las negociaciones del PSOE con los separatistas en relación con la Ley de Amnistía y la investidura de Pedro Sánchez.

La ministra ha ido más allá, acusando a García-Castellón de "inclinarse siempre en una misma dirección" y de actuar en sintonía con ciertos intereses políticos, insinuando incluso la posibilidad de un caso de lawfare, la persecución judicial por motivos políticos. Estas declaraciones han provocado una rápida reacción de Moncloa, que ha tratado de suavizar las palabras de Ribera, asegurando que "el Gobierno respeta la separación de poderes y la independencia de los jueces".

Sin embargo, la controversia no se detiene ahí. Los socios separatistas del Ejecutivo, como ERC y Bildu, han respaldado la postura de Ribera, atacando también al juez y sosteniendo que existe una "obsesión política" por incriminar al independentismo de terrorismo.

En contraparte, el PP ha calificado las afirmaciones de Ribera de "gravedad extrema", subrayando que es alarmante que una vicepresidenta del Gobierno insinúe que hay jueces que prevarican en su toma de decisiones. Desde Génova, se lamenta que el sanchismo adopte el discurso independentista y se desprestigie el sistema democrático español.

Las declaraciones de Ribera han encendido un fuego cruzado en el ámbito político y judicial, planteando serias cuestiones sobre la imparcialidad de la Justicia y la relación entre el poder político y el judicial en España. El caso Tsunami, bajo la lupa del juez García-Castellón, sigue generando divisiones y controversias en el panorama político nacional.