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El Diario de Cantabria

Gobierno obligará a los comercios a ofrecer alternativas al pago en efectivo

El Gobierno ha dado hoy luz verde a un anteproyecto de Ley que refuerza los Servicios de Pago, y que entre otras medidas, obligará a los comerciantes a ofrecer al consumidor alternativas al pago con dinero en efectivo, en transacciones que superen los 30 euros.

Iñigo Méndez de Vigo e Isabel García Tejerina, en la rueda de prensa. /EFE
Iñigo Méndez de Vigo e Isabel García Tejerina, en la rueda de prensa. /EFE
Gobierno obligará a los comercios a ofrecer alternativas al pago en efectivo

Un anuncio que ha hecho hoy, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, que ha asegurado que cuando se apruebe de forma definitiva este anteproyecto de ley, España transpondrá la Directiva europea, conocida como PSD2, de Servicios de Pago, con la que se crea un marco integrado de este tipo de servicios en la UE.

Una norma que tal y como ha destacado pretende hacer frente a los nuevos retos y cambios planteados en la operativa con tarjeta a través de internet o móviles, y reforzar la seguridad en los pagos electrónicos.

La directiva europea introduce diferentes novedades como la obligación de todo empresario o profesional de ofrecer a los consumidores la posibilidad de utilizar algún instrumento de pago sujeto a esta norma, como alternativo al dinero en efectivo, en transacciones cuyo importe supere los 30 euros.

El instrumento de pago disponible habrá de anunciarse en algún lugar visible del local, establecimiento o instalaciones del empresario o profesional.

Además, la norma reduce de 150 a 50 euros las pérdidas máximas que un cliente deberá asumir en el caso de que se produzca una operación de pago no autorizada como consecuencia del uso fraudulento, extravío o robo de la tarjeta u otro instrumento de pago.

Igualmente, se recorta el plazo de respuesta para la resolución por parte de las entidades de las reclamaciones de los usuarios de servicios de pago a 15 días, frente a los dos meses que se establecía anteriormente.

Además, da cabida a dos nuevos servicios de pago, que son los servicios de iniciación de pagos, y los servicios de información sobre cuentas.

En una nota remitida hoy, el Ministerio de Economía ha explicado que los servicios de iniciación de pagos, que son intermediarios, generalmente entre comerciantes y consumidores, garantizan el pago del consumidor al comerciante directamente, constituyendo una alternativa a los pagos con tarjetas.

Los servicios de información sobre cuentas (agregadores de cuentas) son entidades que consolidan toda la información de las diversas cuentas que tiene abiertas un usuario en diferentes entidades, y la clasifican por categorías.

Economía ha añadido que no obstante, las entidades que se dedican exclusivamente a uno de estos dos servicios de pago tendrán unas exigencias menores que el resto.

La nueva regulación europea en materia de pagos conlleva cambios fundamentales en la industria, ya que da acceso a terceros a la infraestructura de los bancos.

De hecho, regula el acceso de éstos a las cuentas de los clientes de los bancos, ya sea para agregar la información, o para el inicio del proceso de pago, en nombre y previa autorización del cliente.

Además, con el objetivo de mejorar la seguridad, la normativa incluye la exigencia de una autenticación reforzada del cliente en el acceso "online" a sus cuentas.

El Anteproyecto de Ley de Servicios de Pago ha sido aprobado hoy en primera vuelta, ya que deberá obtener los dictámenes correspondientes y volver de nuevo al Consejo de Ministros para ser aprobado como Proyecto de Ley e iniciar su tramitación parlamentaria.

En una primera valoración de la norma, la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros, Adicae, ha criticado que no se establecen limitaciones ni se regulan las comisiones que se cobran en estos servicios de pago.

En el caso concreto de las tarjetas de crédito, España se encuentra a la cabeza dentro de las comisiones más caras del ámbito europeo, y en algunos casos con diferencias "abismales de hasta un 78 % más que la media de los países más ricos de Europa, donde en algunos casos no cobran comisión alguna", ha denunciado Adicae.

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