La Fiscalía Provincial de Madrid, bajo la dirección de la actual presidenta, María Pilar Rodríguez Fernández, ha presentado una denuncia que implica a Alberto G.A., pareja de la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, en un presunto fraude fiscal de considerable magnitud, alcanzando la cifra de 350.951 euros.

Rodríguez Fernández, quien asumió el cargo de fiscal jefe en octubre de 2018, emerge como una figura central en este caso, marcando un hito en la historia judicial y política de la Comunidad de Madrid. Su carrera, no exenta de matices, incluye una conexión con gobiernos socialistas durante el período entre 2004 y 2009, desempeñando roles de asesora en la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia y, posteriormente, como Directora General de Modernización de la Administración de Justicia en el mismo Ministerio.

La trama se complica al recordar que Rodríguez Fernández asumió el papel de fiscal jefe en un momento político crucial, en el que la entonces ministra de Justicia, Dolores Delgado, confió en su liderazgo en octubre de 2018. Desde su ingreso en la Carrera Fiscal el 10 de marzo de 1993, ha escalado posiciones, siendo Fiscal Adscrita a la Fiscal de Sala Contra la Criminalidad Informática desde 2015. No menos relevante es su participación como miembro de la Red Europea de Fiscales especialistas en Propiedad Intelectual, desde donde ha desempeñado diversos cargos de responsabilidad en la propia Fiscalía Provincial de Madrid, que lidera con autoridad desde hace ya más de cinco años.

Este giro en los acontecimientos no ha pasado desapercibido para la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien ha recurrido a sus plataformas de redes sociales para destacar el pasado político de la fiscal jefe, sugiriendo que la denuncia forma parte de una campaña en su contra y de su entorno, remontándose a los últimos cinco años de su mandato como presidenta autonómica.

En un esfuerzo por esclarecer la situación, es pertinente resaltar que la denuncia presentada por la Fiscalía de Madrid se centra en la acusación de dos delitos de defraudación tributaria y uno de falsedad en documento mercantil en contra de Alberto G.A., pareja de la presidenta Ayuso. Fuentes de la Puerta del Sol han respondido a estas alegaciones, afirmando que "habrá que ver" la veracidad de la acusación de Hacienda y, en todo caso, han subrayado que este tema "no afecta a la Comunidad de Madrid".

A pesar de estas aclaraciones, la oposición en Madrid y los medios vinculados al PSOE no han perdido tiempo en exigir explicaciones a la jefa del Gobierno madrileño. Alberto Núñez Feijóo, presidente del PP, ha salido en defensa de Ayuso, señalando que ella no está siendo investigada y que será él quien brinde explicaciones pertinentes.

Llama la atención el momento en que estas informaciones salen a la luz, coincidiendo con un periodo turbulento para el PSOE y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Este último, conocido por su famosa pregunta sobre la dependencia de la fiscalía, vuelve al Senado para dar explicaciones sobre la corrupción que ha rodeado a su Gobierno y a su partido, retomando la palabra en la Cámara Alta después de no hacerlo desde mayo de 2023.

En resumen, la trama de la denuncia por fraude fiscal en la pareja de la presidenta Ayuso se desarrolla en un contexto político y judicial complejo, donde las conexiones pasadas y presentes de los actores involucrados añaden una capa adicional de complejidad al ya tenso escenario político en la Comunidad de Madrid.