02.05.2024 |
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POLÍTICA

La enmienda de Vox a la reforma del artículo 49 abre un debate en España

Vox enmienda la reforma del artículo 49 por la falta de un «consenso amplio» aunque aprueba su contenido. Se muestra de acuerdo con el cambio de término porque «la Carta Magna no deja de ser hija de su tiempo»


(I-D) El líder de Vox, Santiago Abascal; la portavoz de VOX en el Congreso, Pepa Millán y el secretario general de VOX, José María Figaredo, durante un pleno en el Congreso de los Diputados. EP / Diego Radamés
(I-D) El líder de Vox, Santiago Abascal; la portavoz de VOX en el Congreso, Pepa Millán y el secretario general de VOX, José María Figaredo, durante un pleno en el Congreso de los Diputados. EP / Diego Radamés
La enmienda de Vox a la reforma del artículo 49 abre un debate en España

En el torbellino político que sacude a España, se alza una enmienda que trasciende el cambio léxico y se adentra en el tejido mismo de la Constitución. En un movimiento audaz y controvertido, Vox ha presentado una enmienda a la totalidad del proyecto de reforma del artículo 49 de la Constitución española. Esta reforma propone un cambio crucial en el lenguaje constitucional al sustituir la palabra "disminuido" por "persona con discapacidad". Un cambio aparentemente benigno, pero que desencadena una feroz controversia en el escenario político español.

El origen de esta reforma se encuentra en un pacto sellado entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo. Sin embargo, Vox se alza como la voz disidente en este coro de consenso aparente. La formación liderada por Santiago Abascal no cuestiona la necesidad del cambio en sí, sino el método y el timing de su implementación. Según Vox, el Gobierno ha optado por un enfoque unilateral, alejando a la Cámara de un consenso necesario para enmendar la Constitución, un documento que representa la base de la democracia española.

En su comunicado emitido el lunes, Vox señala que la referencia en la Constitución a los "disminuidos" es anacrónica y no refleja los tiempos modernos ni las realidades actuales de las personas con discapacidad. La Carta Magna, en palabras de Vox, es un producto de su época y sus circunstancias, lo que justifica su necesidad de revisión. Sin embargo, el partido recuerda con nostalgia dos reformas constitucionales anteriores que gozaron de un amplio apoyo parlamentario. La primera obtuvo 332 votos a favor y ninguno en contra en el Congreso, mientras que la segunda consiguió 316 votos a favor y solo 5 en contra en el Congreso, además de 233 votos a favor y 3 en contra en el Senado. Vox sostiene que la actual propuesta no solo carece de un consenso político necesario, sino que también ha sido cuestionada por el Consejo de Estado, el órgano consultivo supremo del Gobierno.

El Consejo de Estado ha expresado sus reservas acerca de la declaración propuesta, señalando problemas potenciales en la constitucionalización de la intervención de las organizaciones representativas de las personas con discapacidad en la adopción de políticas. Además, pone en duda la referencia en la reforma a la "protección reforzada", considerándola un concepto jurídico indeterminado que podría distorsionar la finalidad pretendida. Este dictamen del Consejo de Estado arroja sombras de incertidumbre sobre la viabilidad y la integridad de la propuesta de reforma.

Santiago Abascal, líder de Vox, ha adoptado un tono beligerante en su rechazo a la reforma y ha arremetido contra el Partido Popular, aliado aparente del Gobierno en esta iniciativa. Abascal acusa al Partido Popular de traicionar sus principios y de abrir la puerta a ideologías extremistas bajo el disfraz de sensibilidad hacia las personas con discapacidad. En su mensaje en la red social X (anteriormente conocida como Twitter), Abascal lanza un ataque feroz contra el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, a quien responsabiliza de confundir a su propio electorado al pactar con el Gobierno de Sánchez. Abascal advierte sobre el acoso que sufrirá Vox y todos los españoles que se opongan a lo que considera un gobierno ilegal y su política de normalización.

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