Dos de los pilares fundamentales del Estado, el Ejecutivo y el Legislativo, se encuentran inmersos en una seria disputa que amenaza con afectar la independencia judicial. La controversia se desata en medio del auge del debate sobre la ley de amnistía, cuando el nombramiento simultáneo de Félix Bolaños como titular de la cartera judicial y de Presidencia genera críticas y suscita preocupaciones sobre la concentración de competencias, planteando interrogantes sobre la integridad de la separación de poderes en nuestro país.

La polémica se intensifica con la revelación de los pactos suscritos entre el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y Junts para la investidura de Pedro Sánchez. Estos acuerdos, que reconocen expresamente el concepto de 'lawfare', han desatado una ola de críticas y señalamientos desde sectores políticos afines a los partidos firmantes, especialmente entre los representantes socialistas y separatistas. Ministros y altos cargos del Gobierno, así como figuras de la Generalitat separatista de Cataluña, se han lanzado al señalamiento público de jueces y magistrados, generando un clima de tensión y desconfianza en el ámbito judicial.

Lo que inicialmente debería ser un proceso de designación de cargos gubernamentales se convierte así en un detonante para una serie de cuestionamientos sobre la independencia y la imparcialidad del sistema judicial. Políticos vinculados al PSOE y a fuerzas separatistas critican abiertamente a aquellos miembros de la magistratura que no comparten su concepción particular de la justicia, alegando supuestas injerencias en la política y cuestionando la neutralidad de ciertos jueces.

En este contexto, el Gobierno sostiene que no habrá revisión de sentencias judiciales ni persecución alguna contra jueces, magistrados o fiscales. Sin embargo, en la última semana, miles de togados de toda España han comenzado a manifestarse en contra de lo que consideran injerencias políticas en la justicia. Algunos han llegado incluso a solicitar amparo explícito, destacándose entre ellos los cuatro fiscales del proceso independentista catalán y el juez Manuel García-Castellón, instructor de la causa de Tsunami Democràtic en la Audiencia Nacional, quienes se encuentran en el punto de mira de la izquierda y el nacionalismo radical.

Las declaraciones de miembros destacados del Gobierno, como el ex secretario de Estado de Justicia, Tonxu Rodríguez, han elevado la temperatura del debate. Rodríguez, al comentar la imputación de Marta Rovira y Carles Puigdemont en el caso Tsunami por terrorismo, insinuó que la coincidencia temporal con las negociaciones políticas no era casual, dando pie a interpretaciones sobre posibles influencias en el ámbito judicial. La portavoz del Govern catalán, Patricia Plaja, se sumó a las críticas, acusando a algunos jueces de buscar condicionar negociaciones políticas y castigarlas, prevaricando.

Ante la creciente presión y señalamientos, el titular del Juzgado de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional solicitó amparo al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para abordar la gravedad de la situación. Aunque el expediente institucional avanza hacia la protección solicitada, el fiscal general del Estado, renovado por el Gobierno, descarta iniciar acciones penales contra los políticos por sus declaraciones, argumentando que estas "admiten debate" y quedan dentro del ámbito de la libertad de expresión.

En medio de este ambiente tenso, el ministro de Transportes, Oscar Puente, se suma al coro de críticas al afirmar que "es un gesto de cinismo negar" la existencia de casos de 'lawfare' en el país. Puente insta al Poder Judicial a no aferrarse al corporativismo y reconocer la existencia de una guerra judicial en España.

La situación toma un giro aún más complejo con las querellas presentadas por dos de los socios del Gobierno en la presente legislatura, Podemos y Sumar. Estas querellas, planteadas contra jueces y vocales conservadores, marcan un paso más en la persecución de quienes son percibidos como obstáculos para la amnistía. Sumar inicia la ofensiva contra los consejeros del CGPJ que expresaron su oposición a una Proposición de ley del Gobierno antes de su publicación, argumentando que estas manifestaciones comprometen la imagen de neutralidad de la justicia. Por su parte, Podemos se atreve con el propio García Castellón, presentando una querella por sus pesquisas contra la formación morada y algunos de sus ex líderes y fundadores en el caso Dina.

La respuesta del presidente en funciones del Consejo, frente a estas querellas, minimiza su alcance al considerarlas "maniobras políticas" que solo contribuyen a "seguir generando tensión" en un momento crucial en el que se busca la "pacificación" para renovar el órgano de gobierno de los jueces. En medio de esta compleja coyuntura, la lucha interna entre Podemos y Sumar, en el seno de la multiplataforma de siglas que respalda a Sánchez desde el Consejo de Ministros, añade un elemento adicional de complejidad a la crisis judicial.

En conclusión, la batalla entre los poderes del Estado por la politización de la Justicia, sumada a las acusaciones de 'lawfare' y las querellas presentadas por socios del Gobierno, ha generado una crisis sin precedentes en el ámbito judicial español. La independencia y la imparcialidad de la judicatura se encuentran en entredicho, mientras la tensión entre el Gobierno y la magistratura alcanza niveles alarmantes.