La Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) ha interpuesto un recurso este viernes contra el nombramiento de Álvaro García Ortiz como Fiscal General del Estado. La designación, realizada por el Gobierno presidido por Pedro Sánchez, ha generado una oleada de críticas y ha despertado interrogantes sobre la independencia del Ministerio Público.

El polémico nombramiento tuvo lugar apenas dos días después de que el Tribunal Supremo emitiera una sentencia que cuestionaba la "desviación de poder" evidente en el ascenso de Dolores Delgado, antecesora de García Ortiz en el cargo. Esta situación, sumada a la controversia suscitada por el proceso de nombramientos y a las señales de parcialidad por parte del ahora Fiscal General, ha motivado la intervención de la APIF.

Fuentes judiciales, que informaron en exclusiva a El Debate, revelan que la APIF considera la designación de García Ortiz como nula de pleno derecho. Basan su recurso en la aprobación por parte del Gobierno del decreto de reelección para el cargo, haciendo caso omiso a las irregularidades detectadas en la política de nombramientos y al informe previo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que expresaba serias reservas sobre la "idoneidad" del candidato.

En el escrito presentado ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo, la APIF expone detalladamente su postura. Aseguran que García Ortiz no reúne las cualidades necesarias para desempeñar las funciones asignadas por la Constitución, entre las que destaca la jefatura de todos los fiscales de España. En un contundente comunicado, la asociación señala: "A nuestro juicio no es idóneo para desempeñar, conforme a la Constitución, las funciones que tiene asignadas, entre ellas la jefatura de todos los fiscales de España."

La entidad asociativa, que cuenta con un vocal en el seno del Consejo Fiscal, Salvador Viada, expone en el escrito su firme defensa de un Ministerio Fiscal constitucional, independiente del Gobierno y con autonomía funcional. Consideran que el modelo de fiscal propuesto por el Gobierno va en contra de los principios establecidos por los constituyentes.

En este contexto, el comunicado de la APIF recalca la actuación de García Ortiz durante su mandato anterior, haciendo hincapié en la anulación de nombramientos de Fiscales de Sala y la desviación de poder en el nombramiento de Dolores Delgado García como Fiscal de Sala en el Tribunal Militar. Además, se hace referencia a la pendencia de otro recurso contencioso-administrativo solicitando la anulación de su elección para la plaza de Memoria Democrática y Derechos Humanos.

La asociación destaca la falta de explicaciones razonables y convincentes por parte del Gobierno para mantener la propuesta de García Ortiz, a pesar de las evidencias y del criterio fundamentado del CGPJ. Argumentan que el actuar del ahora Fiscal General, al privar al Consejo Fiscal de emitir el dictamen solicitado por el Senado respecto a la Proposición de Ley de Amnistía, refuerza la urgencia de la impugnación presentada.

El comunicado concluye con una denuncia categórica: "Álvaro García Ortiz, no reúne las cualidades necesarias para ser nombrado FGE, considerándolo, en consecuencia, como inidóneo". La APIF sostiene que, según el artículo 29 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF), que exige que el candidato a Fiscal General debe ser un jurista de reconocido prestigio, este requisito se ve comprometido por la condena previa de García Ortiz por desviación de poder en el Tribunal Supremo.

La entidad resalta la trascendencia del Ministerio Fiscal como institución clave en el Poder Judicial y subraya la importancia de transmitir a la ciudadanía la independencia de esta institución respecto al Ejecutivo. En este sentido, la APIF sostiene que García Ortiz no posee el talante, la actitud ni la convicción necesarios para ser un Fiscal General del Estado y no del Gobierno.

Este recurso de la APIF pone de manifiesto las crecientes tensiones entre los órganos judiciales y el Poder Ejecutivo, así como la preocupación por la preservación de la independencia del Ministerio Público en España. La resolución de este recurso y sus implicaciones futuras seguirán siendo objeto de atención en el ámbito jurídico y político del país.